El solo hecho de ser indígena en el Triángulo Dorado, donde convergen Chihuahua, Durango y Sinaloa, implica un gran riesgo de despojo, desplazamiento y asesinato. El riesgo se multiplica si se es dirigente comunitario. Y se convierte en sentencia de muerte si además de indígena, dirigente, la persona es defensora del bosque y del territorio. El caso más reciente es el de Trinidad Baldenegro, de la comunidad de Coloradas de la Virgen, asesinado el 7 de marzo pasado.
Coloradas de la Virgen es una comunidad rarámuri establecida desde tiempos ancestrales en los municipios de Guadalupe y Calvo y Morelos, en el suroeste de Chihuahua. Es muestra viviente –y a veces muriente– de la incapacidad y falta de voluntad política de las autoridades agrarias para resolver en favor de las comunidades indígenas los embrollos que ellas mismas han creado y, por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, de garantizarles protección efectiva a ellas y a sus dirigentes, de la violencia que surge del despojo legalizado y de la resistencia al mismo. El cuento sin fin desde Chihuahua hasta Chiapas.
Sobre el extenso y disperso territorio de la comunidad rarámuri (más de 51 mil hectáreas), habitado por más de mil personas rarámuris y unas cuantas familias ódami y mestizas, recayeron y se sobrepusieron dos resoluciones de las autoridades agrarias: la que creó el Ejido Coloradas y la que creó la Comunidad Agraria de Coloradas, pero se ignoró totalmente a la comunidad que les prexistió desde siempre: la comunidad indígena de Coloradas de la Virgen. De esta torpeza y/o corrupción de origen, de los aberrantes fraudes documentales con la complicidad de las autoridades agrarias, brotan los despojos, los desplazamientos, la violencia.
El ejido lleva más de 60 años controlado por la familia mestiza de los Fontes y se ha integrado a nuevos ejidatarios mestizos en perjuicio de los rarámuris. Los intereses económicos de aquellos, aliados con criminales, han logrado que se les otorguen permisos de explotación forestal y cuatro concesiones mineras. Todas ellas sin garantizar a los integrantes de la comunidad indígena el derecho a la consulta libre, previa e informada, como marca la ley. Además, se les ha despojado de terrenos para la siembra de estupefacientes.
A mayor resistencia de la comunidad indígena, mayor violencia de los caciques y el crimen organizado. En la década de 1980 fueron asesinados los primeros dirigentes rarámuri: Cirilo Portillo Torres y Julio Baldenegro.
Pero la violencia homicida se recrudece a partir de 2016: de entonces a la fecha han sido asesinadas 13 personas, de las cuales al menos ocho tenían cargo de autoridad o representación comunitaria o, bien, eran sus familiares cercanos. Los asesinatos emblemáticos son el de Isidro Baldenegro y el de Julián Carrillo Martínez, cometidos el 15 de enero del 2017 y el 24 de octubre de 2018. Isidro fue galardonado con el premio Goldman, premio Nobel alternativo, en 2005, y Julián fue asesinado siendo beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Gobernación, lo que significa que el Estado no tuvo la capacidad o voluntad política de garantizar su vida.
A ellos se suma el reciente asesinato de Trinidad Baldenegro, hermano de Isidro e hijo de Julio, también ultimados por su defensa del bosque y del territorio comunitario. Alianza Sierra Madre AC, organización que trabaja desde hace varios lustros en Coloradas de la Virgen, y la Red por la Defensa de la Tarahumara señalan que tan sólo en los últimos nueve años han sido ultimados en esta sierra más de 30 dirigentes rarámuris, defensores del bosque y del territorio y cientos han sido desplazados. Los narcotraficantes, los grupos criminales en pugna, la codicia de políticos y caciques han hecho del despojo de tierras para siembra de enervantes, el incendio de viviendas, el robo de ganado y la devastación de los bosques, el horror cotidiano.
Sin embargo, las autoridades no se mueven. ¿No habrá forma de resolver el embrollo jurídico en favor de los rarámuris? ¿No habrá forma de expropiar o de comprar la tierra para devolvérselas? Si se ha expropiado en otros lados para construir infraestructura o megaproyectos turísticos, no será mayor razón de utilidad pública devolver la tierra a sus legítimos dueños, las comunidades? Si se aprueban leyes tan absurdas como la cobranza delegada, ¿no habrá el talento y valentía legislativas para terminar de una vez con los laberintos legaloides donde acecha el Minotauro del despojo? ¿Cómo garantizar la vida y la paz para las comunidades indígenas de todo el país que sufren cada minuto los balazos y están ayunas de abrazos?
Muchas preguntas, pero la respuesta no llega. ¿No quieren o no pueden?
