La diputación de Morena ha propuesto el próximo 13 de abril (Miércoles Santo, en la liturgia católica) para que sea votada la reforma eléctrica. No tiene aún los votos suficientes para llevar adelante la iniciativa presidencial sin moverle una coma; en realidad, ni siquiera para aprobarla con modificaciones menores.

Pero ya se ha fijado el lapso en que el partido mayoritario considera apropiado decidir el candente tema, al que mantiene marcaje personal el gobierno de Joe Biden, con el prefecto-embajador Ken Salazar metido en todo para garantizar que no se apruebe el proyecto obradorista, sino uno deslactosado.

El Partido Revolucionario Institucional tiene los votos claves para definir la disputa, pero desea que la votación sea después de las seis elecciones estatales de junio, con la vista puesta en Hidalgo, donde busca la gubernatura Carolina Viggiano, esposa de Rubén Moreira, el negociante jefe de los diputados del tricolor.

En la cruda realidad política, Acción Nacional y lo que queda del Partido de la Revolución Democrática poco pueden hacer en esta batalla, ante un PRI que está moviendo sus acciones en la Bolsa de Valores Votantes de San Lázaro. Habrá de verse, por último, si la premura de Morena en votar, este Miércoles Santo, se debe a que en lo privado ya se llegó a acuerdos que le den la mayoría necesaria, o es una maniobra para responsabilizar a los partidos de Va por México de un eventual tropiezo de esa reforma.

El Instituto Nacional Electoral considera que es inaplicable la “interpretación legislativa” aprobada por la Cámara de Diputados, para permitir que servidores públicos y legisladores hagan propaganda gubernamental en el proceso de revocación de mandato presidencial. Por ello, ordenó a la Presidencia de la República que “en tres horas” se retire todo el material de comunicación social relacionado con la inauguración del AIFA. Es un revire fuerte. A ver cómo reacciona Palacio Nacional.

En marzo de 2011, Silvia Eugenia Garza Villarreal salió de Allende, Coahuila, al ver la masacre generalizada que por venganza realizaban Los Zetas, a causa de una supuesta delación o traición de algún asociado oriundo de ese municipio. En la versión popular generalizada se habla de que hubo 300 muertos y desaparecidos; Silvia Eugenia perdió a 17 familiares, las propiedades fueron abandonadas y hasta ahora no encuentra condiciones para regresar al lugar.

En una denuncia videograbada (https://bit.ly/3wxqaB2), Garza Villarreal señala que, a su juicio, los responsables de lo sucedido en tal sitio coahuilense fueron el entonces ocupante de Los Pinos, Felipe Calderón; el entonces gobernador con licencia, Humberto Moreira (quien conservaba el mando, aunque un par de meses atrás había dejado el cargo formal en Jorge Torres, luego sentenciado en Estados Unidos por crimen organizado), y quien era jefe de guarnición en Piedras Negras, con jurisdicción en Allende, Luis Cresencio Sandoval, ahora secretario de la Defensa Nacional.

Pero ahora tampoco es que haya una disposición extraordinaria para hacer justicia (aunque se extendió una “disculpa pública” a nombre del Estado, sin mayor trascendencia): “hemos mandado oficios a la CEAV estatal, federal, CNDH, Alejandro Encinas, Riquelme, AMLO, Olga Sánchez; hemos preguntado el estatus de los dictámenes, y una y otra vez –hay bitácora de nuestros intentos de comunicación– no contestan, si acaso en alguna ocasión nos dan acuse de recibido”.

Agrega Garza Villarreal: “no les interesa resolver la reparación: es mera simulación, nos dejan en visto. Tengo capturas de pantalla del WhatsApp a Encinas, donde le pregunto y le aviso; me deja en visto. Esto ya es de varios años. No hay voluntad, sólo simulación. Alejandro Encinas lo mismo. El Z 42 (jefe del cártel agresor) se está amparando para salir y la fiscalía proporciona nuestras direcciones para notificarnos. Eso nos mata de miedo. No hay protección a las víctimas”. ¡Hasta mañana!

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