El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) anuló el fallo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que impuso a Simón Pedro de León Mojarro, ex titular de la unidad de coordinación de delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), una sanción resarcitoria económica debido a irregularidades detectadas en la estafa maestra, con el argumento de que falsificaron su firma.
El magistrado Carlos Chaurand Arzate argumentó que no se comprobó daño a la hacienda pública, además de que dos peritos acreditaron que la firma del convenio firmado entre Sedesol y la Universidad Autónoma de Morelos no corresponde al ex servidor público. Se trata de uno de los múltiples contratos signados por ambas instituciones en el sexenio anterior.
En la sesión, Chaurand Arzate señaló que a De León Mojarro se le imputa el hecho de firmar el acta finiquito y recibir los entregables del convenio; no obstante, para desvirtuar dicha situación, “el actor ofreció la prueba pericial en materia grafoscópica y copias que fueron valoradas por la ponencia, que determinó conceder pleno valor probatorio a los dictámenes rendidos por los peritos del actor y el tercero, ya que fueron coincidentes sus conclusiones, al utilizar diversos métodos de estudio que crearon convicción de que la firma estampada en el acta de finiquito no corresponde al puño y letra del actor”.
En 2019, un juez de control del Reclusorio Norte desestimó vincular a proceso a De León Mojarro por el presunto delito de uso indebido de atribuciones y facultades, porque no encontró elementos de prueba suficientes para hacerlo.
En ese entonces, la Fiscalía General de la República lo acusó de ocasionar quebranto de 124 millones 100 mil pesos a la hacienda pública, al suscribir de manera indebida el convenio referido. No obstante, en noviembre de 2020 se giró una nueva orden de captura en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada y lavado de dinero, asunto por el cual en la actualidad está negociando ser testigo colaborador.