Madrid. El rey emérito español, Juan Carlos de Borbón, será juzgado por el Tribunal Superior de Londres por un delito de acoso, tras una denuncia presentada por su ex amante, la princesa alemana Corinna, que supuestamente fue víctima de seguimientos y amenazas por parte de presuntos miembros del sistema de inteligencia español. El conflicto entre el que el jefe del Estado español entre 1976 y el 2012 con su ex pareja fue a raíz de un pago de 65 millones de euros (mil 500 millones de pesos) procedente de una comisión ilegal, que está en poder de la princesa Corinna y que se niega a devolver con el argumento de que fue un regalo por parte el ex monarca.
La defensa del rey emérito alegó que dado su cargo como jefe del Estado gozaba de inmunidad, según la propia legislación española, pero los jueces británicos concluyeron que esa condición en ningún caso se puede aplicar a la denuncia en cuestión. El dictamen supone un duro revés para la causa del ex monarca, ya que provocará que tenga que sentarse en el banquillo de los acusados para responder a la demanda de Corinna por los delitos de vigilancia ilegal y hostigamiento de forma reiterada desde el año 2012, así como de difundir datos falsos sobre ella para difamarla y ocasionarle un perjuicio económico. Además de una indemnización monetaria, Corinna reclamó que se le imponga a Juan Carlos I una orden de alejamiento de 150 metros.
En el auto de resolución, los jueces británicos sostienen que “después de su abdicación, el acusado ha disfrutado de cierto estatus y privilegios. Antes de su retiro de las funciones públicas, el acusado también representó al Rey y el Estado español en varios eventos. Sin embargo, si bien es claro que el demandado conserva un estatus especial y sin precedentes de 'Rey Emérito' (…), es igualmente claro que solo hay un Rey de España y jefe del Estado de España y, desde el 19 de junio de 2014, ese es su hijo, Rey Felipe VI.”
Este revés judicial para el rey emérito permitirá escudriñar sus actividades presuntamente ilegales, una vez que en España, la Fiscalía del Tribunal Supremo acordó el archivo de las tres diligencias que se habían abierto en su contra y que se mantuvieran abiertas dos años, entre ellas la del supuesto lavado de dinero en el extranjero y el pago de comisiones ilegales por su intermediación en contratos públicos con otros Estados.
Actualmente, el ex monarca vive en Abu Dabi desde agosto del 2020 y desde entonces no se tienen registros de que haya regresado a España o, incluso a Europa, entre otros motivos porque tenía el temor de que actuara en su contra tanto la justicia suiza, donde también tiene investigaciones abiertas, como la española y la británica.