Miembros de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Amotac) se manifestaron ayer a bordo de sus unidades en la capital del país, Aguascalientes, Chiapas, estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán. Aunque la mayoría de los actos se limitó al cierre parcial de vialidades, los bloqueos ocasionaron enorme caos, tanto en las urbes como en las carreteras, que afectó diversas actividades económicas.
Las reivindicaciones de los propietarios de unidades y choferes son de lo más variadas, como resulta lógico en una confederación que agrupa a operarios de transporte de carga y de pasajeros que prestan servicio tanto local como federal en vehículos tan disímiles como camiones de volteo, tráileres, pipas, autobuses turísticos, microbuses, taxis y camionetas. Entre las demandas destaca la seguridad, pues los representantes denuncian que sus agremiados son víctimas de robo e incluso asesinato al circular por carretera, principalmente en los estados de México, Guanajuato, Puebla y Zacatecas, donde “el transportista prefiere no ir a trabajar por temor”. En este mismo renglón, en algunas entidades piden que se acabe con los abusos y extorsiones de la policía vial, y llaman a que la Guardia Nacional custodie sus unidades.
Por otra parte, se quejan de los altísimos costos de los peajes, e ilustran que sólo en el tramo del Circuito Exterior Mexiquense que va de Chalco a Jorobas, un vehículo de carga paga 950 pesos en casetas. Un reclamo más se relaciona con los trámites que deben realizar ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y el Servicio de Administración Tributaria, los cuales, sostienen, les son imposibles de concretar debido a la inoperancia de las plataformas de Internet y a que no es posible obtener citas para efectuarlos de manera presencial. Otras demandas tienen un carácter plenamente local, vinculadas con los ordenamientos de movilidad y tránsito o con el descontento hacia alguna instancia gubernamental.
Con estas y otras denuncias atendibles se mezclan demandas carentes de sustento o francamente fuera de lugar: por ejemplo, se pronuncian contra el alza en los precios de las gasolinas, el cual no ha ocurrido puesto que el gobierno federal está absorbiendo el incremento en los costos internacionales de los combustibles mediante la renuncia a cobrar el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), o piden que se les exente del pago de impuestos, lo que supondría una inaceptable situación de privilegio frente al resto de contribuyentes.
Lo cierto es que la variedad de las demandas presentadas exige diferentes estrategias de atención por parte de los tres niveles de gobierno, pero también modalidades diferenciadas de protesta de los quejosos, pues confundir las competencias de los diversos ámbitos obstaculiza el avance de sus causas. En cuanto al punto central, abatir los delitos de los que los transportistas son víctimas, además del fortalecimiento de la vigilancia y las labores de inteligencia para desmantelar a los grupos criminales, es necesario que los conductores y sus representantes denuncien de manera puntual los hechos, en particular cuando se trata de actos de abuso de los agentes del orden.
En suma, cabe esperar que las autoridades atiendan los reclamos que son atendibles, y que los transportistas hagan planteamientos ordenados y orientados a las instancias facultadas para generar soluciones, de tal manera que ellos vean mejoradas sus condiciones de trabajo y se eviten a la ciudadanía las afectaciones generadas por protestas como las desplegadas ayer.
