Monterrey, NL., El gobernador Samuel García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano, aseguró ayer que ex colaboradores de la administración de Jaime Rodríguez Calderón (2015-2021), El Bronco, así como algunos de sus proveedores, se han acercado a autoridades estatales para buscar ser “testigos protegidos” y brindar información de diversos delitos cometidos el sexenio pasado.
En conferencia de prensa, el mandatario afirmó que se integran más carpetas de investigación contra ex funcionarios, entre ellos el ex secretario general de Gobierno, Manuel Florentino González Flores; el de Desarrollo Sustentable y Movilidad, Manuel Vital; el de Salud, Manuel de la O, y la ex secretaria de Educación, María de los Ángeles Errisúriz.
“Son miles de millones de pesos que el gobierno pasado se llevó en Salud, en Educación, en el DIF, Protección Civil, Seguridad Pública, en el ICIFED (Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León), en el FASP (Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública), y no acabo; es interminable la corrupción que había en el gobierno anterior”, recalcó.
En cuanto a El Bronco, quien fue detenido el pasado martes por presunto uso de recursos de procedencia ilícita durante la campaña presidencial de 2018, García indicó que el proceso, cuyo expediente ya está en instancias federales, tardará semanas o meses en ser resuelto.
“No queremos ver trampas, cosas en lo oscurito, ni manos negras o que en cuestión de semanas quieran sacar algo. Sería completamente irracional”, advirtió.
En tanto, el juzgado segundo de distrito en materia penal de Nuevo León admitió un amparo a favor de Rodríguez Calderón por privación ilegal de la libertad.
El juicio, presentado el lunes, aparece con el numeral 221/2022; no obstante, el abogado Gabriel García, quien forma parte de la defensa del ex mandatario, negó que lo haya interpuesto su equipo.
“Existe la posibilidad de que un tercero lo promoviera, no sé con qué intención. Es factible, pero lo tienen que ratificar. Una vez que el juez federal admite una petición de esa naturaleza tiene que enviar un actuario para que el ingeniero confirme si es su deseo continuar” con el procedimiento, explicó.
La jueza Ileana Guadalupe Eng Niño concedió este martes una suspensión de plano y otorgó tres días para que sea ratificada la demanda de garantías y se requiera a las autoridades responsables que rindan un informe justificado; además, programó para el 29 de marzo una audiencia en la que definirá si otorga una suspensión definitiva.
