Madrid. La situación que vive la industria alimentaria española “se convirtió en un problema de Estado” y requiere de una “intervención urgente” para evitar lo que ya muchos asumen como algo inevitable: el colapso en el sistema de suministro y por lo tanto el desabastecimiento para saciar las necesidades básicas de los 47 millones de habitantes del país.

La crisis energética provocó una movilización sin precedente, que afecta a los principales sectores del sistema productivo: el transporte por carretera, con la mayoría de los camioneros respaldando un paro nacional que cumplió los nueve días; la flota pesquera, amarrada en los puertos; los sectores agrícola y ganadero en pie de guerra, y ahora se sumaron taxis, ambulancias, grúas y vehículos de alquiler, que también reclaman soluciones.

El gobierno, presidido por el socialista Pedro Sánchez, sigue sin ofrecer respuestas claras y mantiene inalterable su hoja de ruta, que pasa por esperar al encuentro de la Unión Europea (UE) del próximo 29 de marzo antes de tomar alguna decisión.

Los altos precios de la electricidad, que hace sólo unas semanas alcanzaron 500 euros el megavatio hora (MWh) de media en el mercado mayorista y el costo de los hidrocarburos, que se ha incrementado más del doble en menos de un año, provocan una crisis social y económica sin precedente en España.

Los problemas acumulados de los últimos dos años se han unido a los efectos de la guerra en Ucrania, que disparó los precios y puso bajo las cuerdas a una buena parte de los sectores productivos españoles, que, a diferencia de otros países europeos, aún no han recibido ningún tipo de ayuda o apoyo por parte del gobierno de coalición en España, integrado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP).

Situación “insostenible”

El malestar social, cada vez más creciente y masivo, se expresó de forma reciente en una movilización histórica del sector primario en Madrid, a la que acudieron cientos de miles para advertir al gobierno que viven “la peor crisis” en décadas y que se actúa y se intenta paliar la sangría de pérdidas de sus empresas o el país se irá a pique.

Esta protesta, además, coincidió con el paro nacional que iniciaron hace ya nueve días los trabajadores del sector del transporte, los camioneros, quienes son los responsables de trasladar los productos de las fabricas o centros de cultivo y crianza a los centros de distribución y abastecimiento. Después se sumó toda la flota pesquera, con las 200 cofradías al unísono, que decidieron no salir a faenar hasta el próximo jueves y dependerá si ven movimientos en el gobierno, que tampoco se han producido de momento.

Ante esta situación al límite, la patronal de la industria alimentaria lanzó un mensaje de auxilio, en el que reconoció que la situación ya es “insostenible” y se “ha convertido en un problema de Estado que requiere de una intervención urgente si no se quiere que se llegue al colapso del sistema de suministro”.

Danone parará producción

Hoy hay supermercados y centrales de abasto de algunas ciudades, como Sevilla y Granada, en los que ya se registró escasez de productos básicos. Por eso, y ante la falta de una solución, la cadena de valor agroalimentaria y del gran consumo considera “inaplazable poner fin a esta situación que pone en claro riesgo el abasto de productos, así como la continuidad de miles de negocios y empleos”, advirtieron en un comunicado conjunto asociaciones como Aecoc, Aces, Anged, Aedas, Cooperativas Agro-Alimentarias y Fiab.

El gobierno, que primero tildó de “extrema derecha” a los camioneros que paralizaron sus actividades y después les acusó de “hacerle el juego a Putin”, finalmente se sentó a negociar con ellos el pasado lunes, en una reunión que terminó en fracaso y que lejos de suavizar las posturas de los trabajadores del transporte las encrespó.

El gobierno, que sigue pidiendo tiempo para tomar medidas, adelantó que podría decretar la emergencia nacional invocando el artículo 155 de la Constitución –el mismo que utilizó para intervenir Cataluña cuando se decretó la declaración unilateral fallida de independencia– para obligar a los transportistas a trabajar para evitar la falta de suministro de productos básicos. Además, hay sectores que incluso piden la movilización del Ejército para custodiar e incluso trasladar los productos alimenticios para evitar un colapso del sistema.

Y el riesgo es cada vez mayor, de hecho una empresa del tamaño de Danone advirtió que “si en las próximas horas no se alcanza una solución, se verá obligada a tomar la drástica decisión de interrumpir el proceso de recogida de leche, y como consecuencia, el proceso de producción en sus fábricas y el posterior traslado de producto terminado a las cadenas de distribución alimentaria”. El mismo mensaje se repitió desde otras grandes empresas como Nestlé, Pascual, Lactalis o cerveceras como Mahou, Estrella Galicia y Heineken.

Además, este domingo se prevé una nueva manifestación masiva protagonizada por taxistas, ambulancias, trabajadores de grúas y de los vehículos de alquiler para reclamar una solución a los altos precios de los hidrocarburos y la energía.