El número de tomas clandestinas para robar gas licuado de petróleo (LP) se ha incrementado mil por ciento en tres años y Petróleos Mexicanos (Pemex) pierde al año alrededor de 17 mil 280 millones de pesos por este ilícito, cuyo mercado “alterno” está en la Ciudad de México y el estado de México, señalaron representantes de la industria.
En conferencia transmitida por Internet, Carlos Serrano Farrera, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas (Amexgas) dijo que el año pasado se contabilizaron 2 mil 187 tomas ilegales del combustible doméstico, dato que representa un incremento de mil por ciento respecto a 2018, cuando se reportaron 215.
“Es importante señalar que en 2018 se daba un promedio de una toma clandestina cada dos días y para el año pasado se incrementó a cerca de siete intervenciones diarias al ducto principal de Pemex”, dijo el directivo.
Las asociaciones de Distribuidores de Gas LP (ADG), de Distribuidores de Gas LP del Interior (Adigas), la Cámara Regional de Gas y Asociación de Distribuidores de Gas LP del Nordeste (Asocinor), así como Amexgas, expresaron su preocupación por la inseguridad y riesgos a los que está expuesta la población a raíz del incremento registrado en las tomas clandestinas de los ductos de Pemex –principal proveedor en el país– y en la distribución ilícita de este producto.
Apuntaron que la situación aumentó después del combate al robo de gasolinas, pues los delincuentes “migraron” al hurto del gas.
Serrano Farrera resaltó que 94 por ciento de las tomas clandestinas se concentran en Puebla, estado de México, Tlaxcala y Veracruz, pero ocho de cada 10 se concentran en 18 municipios, por lo que el problema está focalizado.
Interrogado sobre el costo que representa para Pemex, el directivo señaló que si se toma en cuenta que el precio promedio es de 24 pesos por litro y al mes hurtan 60 mil toneladas, la pérdidas asciende a mil 440 millones de pesos mensuales y 17 mil 280 millones de pesos.
Recordó que el año pasado, a causa del robo de gas LP, el ducto de mil kilómetros que va de Chiapas hasta Jalisco fue cerrado 146 días, lo cual interrumpió el flujo y generó problemas de suministro, tanto para los distribuidores, como para la población.
Los directivos estimaron que de las 60 mil toneladas que se roban en el país, 44 mil van a parar a la Ciudad de México y el estado de México y representa entre 15 y 20 por ciento del suministro total.
Luis Landeros, presidente de la ADG, comentó que el robo de gas afecta también a los estados de Hidalgo, Querétaro, Nuevo León, Guanajuato, Chiapas y Tabasco.
Destacaron la presencia de grupos delictivos en la distribución ilícita del producto, los cuales utilizan métodos coercitivos y violencia, por lo que existe una competencia desleal, además de afectar al consumidor, al gobierno federal y a las empresas establecidas.
Explicaron que estos grupos han tomado el control de la distribución clonando vehículos repartidores con los que llegan a los puntos de venta.
El sector distribuidor de gas LP estima que existen alrededor de entre 5 y 8 mil autotanques no registrados ante las autoridades que cargan en plantas clandestinas.
