Ciudad de México. El conflicto entre pobladores del municipio de Huitzilac, Morelos, y de Topilejo, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México, por la tala ilegal derivó la semana pasada en la desaparición de tres habitantes de la localidad vecina.

Uno se encuentra en un hospital de la capital del país, mientras los otros dos fueron hallados muertos en el pueblo de Parres, Tlalpan.

Respecto de los fallecidos, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina informó que “ha contemplado líneas de investigación que podrían apuntar a la posible participación tanto de servidores públicos como de personas civiles en los hechos”, tras la realización de aproximadamente 70 diligencias.

Por tal motivo, agregó, la indagatoria por desaparición forzada iniciada por la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas será atraída por el Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto.

Según las primeras investigaciones, supuestos elementos de la Guardia Nacional detuvieron a los tres hombres acusados de “talamontes”, pero al no comprobarles el delito los entregaron al parecer a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y presuntos comuneros de Topilejo, en lugar de liberarlos.

El sábado pasado, los cuerpos de dos de los desaparecidos fueron hallados con disparos de arma de fuego en la cabeza, el abdomen y el tórax en una cueva en el pueblo de Parres, mientras el tercero fue canalizado a un hospital de la Ciudad de México, donde recibe atención médica.

Su desaparición provocó que el viernes anterior habitantes del poblado Fierro del Toro, municipio de Huitzilac, bloquearan durante varias horas la carretera federal y la autopista México-Cuernavaca, en ambos sentidos, y prendieran fuego a neumáticos para impedir la circulación de automovilistas.

La FGJ destacó que entre las actuaciones realizadas están trabajos de campo, declaraciones ministeriales de autoridades y civiles, entrevistas, reuniones interinstitucionales, dictámenes periciales, inspecciones en el lugar donde se localizaron los cuerpos y análisis de contexto.

Desde el primer momento se estableció una estrecha coordinación con autoridades de los distintos órdenes de gobierno, a fin de dar seguimiento a la indagatoria y dar con los responsables, destacó.

Mientras, personal multidisciplinario del Centro de Atención a Víctimas del Delito Violento entabló contacto con los familiares de los agraviados para brindarles apoyo sicológico y jurídico.

La dependencia garantizó a las víctimas indirectas de los jóvenes que hará todo lo necesario para esclarecer los hechos y dar con los responsables.