Hace unos días, Lakers Coun-cil presentó la Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2021/2022. El estudio está basado en la práctica de la comunidad jurídica y se enfoca en analizar tres aspectos: la legislación, la capacidad de las autoridades y la implementación. Cada uno de estos tópicos es calificado en una escala de cero a 10. A partir de ahí, se obtiene una calificación general.
Uruguay, Chile y Costa Rica obtienen uno los mejores promedios en la región, con 8.36, 7.96 y 7.04, respectivamente. Por el contrario, Honduras, Guatemala y Venezuela se consideran las naciones con mayores índices de corrupción con 4.05, 3.54 y 2.87, en ese orden.
El informe es poco halagador. En síntesis, refiere que no se detectan avances significativos en la región, pese a los esfuerzos legislativos para fortalecer las instituciones. Además, se señala que muchos esfuerzos anticorrupción están enfocados en la sanción penal, y no en el establecimiento de medidas efectivas para prevenir la corrupción.
Particularmente grave es la falta de independencia y de capacidades de muchas instituciones anticorrupción en los países de América Latina. Finalmente, el informe señala que son las personas en condición de pobreza y en condiciones de vulnerabilidad las más afectadas por la corrupción. Como siempre. Corrupción e impunidad laceran a los grupos más desprotegidos de la sociedad.
El informe recomienda a todos las naciones impulsar el desarrollo y usos de tecnologías para prevenir la corrupción, involucrar al sector privado en ello, promover la cooperación internacional e impulsar la creación de una relatoría anticorrupción dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
¿Qué dice el informe sobre México? Nuestra calificación global es 5.64. El informe da cuenta que nuestro país cuenta en términos generales con un marco jurídico amplio para combatir la corrupción, entre otras, con la reforma de 2019 impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para calificar a los delitos de corrupción como tipos penales que ameritan prisión preventiva oficiosa. De hecho, el informe reconoce a nuestra nación como la mejor legislación del subcontinente.
No obstante, en los rubros de autoridades e implementación, el informe se torna crítico para nuestro país. En primer término, en el sector privado se reconoce que nuestra nación cuenta con sanciones administrativas, penales y civiles hacia empresas que participen en casos de corrupción. Eso es un logro importante. Aun cuando se recomienda reformar el artículo 11 bis, para sancionar corporativamente a las empresas por casos de corrupción. En otras ocasiones he comentado que ese mismo artículo debe adecuarse para sancionar a las empresas por financiamiento al terrorismo. En otro aspecto, el informe ve con agrado el programa de alertadores internos, pero cuestiona el hecho que se haya quedado restringido al ámbito de la Secretaría de la Función Pública, cuando debía ser para toda la administración pública. En el tema de las autoridades, se cuestiona la capacidad institucional para investigar actos de corrupción. Manifiesta que los recursos resultan insuficientes para la tarea asignada. Finalmente, el informe recomienda, además de la reforma mencionada, impulsar reformas en materia de protección a denunciantes, así como de fortalecimiento institucional de los órganos encargados de combatir la corrupción, fomentar mecanismos de participación de la sociedad civil y el registro de los beneficiarios finales, conforme a los estándares internacionales.
Otro tema, no citado en el informe, pero que podría ser una solución, es precisamente la generación de una corte penal anticorrupción a escala internacional. Pensemos. Creo que es una buena salida.
Ahora bien, respecto a la crítica del informe en el sentido de cuestionar la independencia y la capacidad institucional de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entonces a mi cargo, para investigar hechos relacionados con corrupción, me gustaría aclarar dos asuntos: el primero, los números no me dejarán mentir. Durante mi gestión presenté más de 400 denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita, de las cuales la mitad de ellas fueron presentadas por posibles hechos de corrupción, como delito precedente de lavado de dinero. De igual manera, en este mismo periodo, se implementó la estrategia de dar vista a las autoridades federales o locales sobre hechos que presumiblemente implicaran actos de corrupción, a efecto de que se investigara en el ámbito de sus competencias. Se presentó un total de 216 vistas, la mitad de ellas relacionadas con este delito.
El segundo tema tiene que ver con el señalamiento de denuncias presentadas en mi contra por abuso de funciones y otras conductas indebidas; al respecto, las denuncias presentadas en mi contra han sido presentadas por opositores de la 4T. No existen otras denuncias presentadas en mi contra por supuestas irregularidades durante mi encargo en la UIF. A pesar de lo que se ha difundido en medios de comunicación, no existe ninguna denuncia adicional en mi contra.
