Mexicali, BC., Activistas, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) y representantes del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) condenaron el asesinato de Patricia Rivera Reyes, defensora de los derechos de los pueblos indígenas, y exigieron a las autoridades que el crimen sea esclarecido.

Miguel Ángel Mora Marrufo, presidente de la CEDHBC, demandó un proceso expedito y sostuvo que cualquier atentado a las personas defensoras de las garantías individuales agravia a la sociedad.

Según la fiscalía estatal, Rivera Reyes, de 59 años de edad, fue ultimada de un balazo en la cabeza con una pistola calibre nueve milímetros, luego de que tres sujetos vestidos de negro y con los rostros cubiertos irrumpieron en una casa de la colonia Terrazas de la Presa, en Tijuana, donde la activista se encontraba en una reunión, después de las 23 horas del sábado.

Los pistoleros quitaron teléfonos celulares y carteras a quienes ahí se encontraban y en seguida le dispararon a Rivera y a otro de los presentes, un catedrático de nombre José Félix, a quien hirieron en la cabeza y el abdomen. Su estado de salud es reportado como grave.

Patricia Rivera fundó y presidió la asociación Consultoría de Pueblos Indígenas del Norte de México; representó a comunidades en actos internacionales sobre defensa de su territorio, radios comunitarias, contra la desaparición forzada y el desplazamiento de indígenas por mineras y el crimen organizado.

Representantes de organizaciones ciudadanas de Tijuana manifestaron su repudio e indignación por el homicidio de la luchadora social. “¡Estoy en shock! No puede ser. Una defensora, activista, académica, amiga querida. Ya basta. Justicia por Patricia Rivera, ni una mas”, escribió Diana Boudica.

En tanto, la indígena cucapá Mónica González Portillo, del Conapred, expresó en redes sociales: “Qué lamentable acontecimiento. Sin duda una gran pérdida”.

Licenciada en turismo y maestra en derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, Rivera Reyes se especializó en garantías individuales en Madrid y se integró al Consejo Consultivo de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California. En las dos últimas décadas se dedicó a la defensa de comunidades originarias de la península de Baja California, en particular los kumiai y los cucapá. Asimismo, fue consejera de la entonces Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California.

Con información de La Jornada Baja California