Como si fuera un partido de oposición, el Instituto Nacional Electoral (INE) milita abiertamente contra el Presidente de la República. Desde el berrinche de diciembre sobre la supuesta falta de recursos para el ejercicio de revocación de mandato (https://bit.ly/3wlWqXP) hasta la fecha, sus constantes interpretaciones sesgadas de la normativa constituyen una grotesca violación a los principios constitucionales en materia electoral de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
Por ejemplo, hoy atestiguamos un embate sistemático y muy bien financiado, orquestado desde los más altos niveles de la oligarquía nacional, contra la posibilidad de que el ejercicio de revocación de mandato fortalezca al liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Los principales medios de comunicación privados han invertido enormes cantidades de recursos para simultáneamente desacreditar los grandes logros del gobierno actual como para desalentar la participación ciudadana el próximo 10 de abril.
La Ley Federal de Revocación de Mandato otorga amplias facultades al INE para poner un alto a la utilización de recursos privados para favorecer una u otra opción o, en su caso, desalentar la participación ciudadana. El primer párrafo del artículo 33 señala que el INE debe “garantizar la equidad en los espacios informativos, de opinión pública y/o de difusión” sobre la revocación de mandato. Y el cuarto párrafo del mismo artículo indica que absolutamente “ninguna otra persona física o moral”, que no sea la misma autoridad electoral, puede “contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre la revocación de mandato”.
Sin embargo, los consejeros del INE guardan un silencio sepulcral frente a las graves violaciones a la normativa, demostrando su complicidad con los poderes fácticos y la oposición política que militan contra el Presidente de la República.
En contraste, las autoridades electorales han buscado cualquier pretexto para sacar de la manga interpretaciones fantasiosas de la ley con el fin de callar a quienes buscan promover la ratificación del mandato de López Obrador. Su constante censura a las expresiones de servidores públicos, funcionarios partidistas y representantes populares, incluso en espacios privados o estrictamente periodísticos, implica una clara extralimitación de sus facultades legales.
Si esta extralimitación fuera pareja, con una acción igualmente enérgica contra las expresiones de los poderes públicos y los privados, se podría concluir que la institución electoral al final de cuentas estaría actuando de manera “imparcial” e “independiente”. Sin embargo, el contraste con la indolencia permisiva y cómplice de estas mismas autoridades frente a las violaciones de los poderes privados demuestra su indignante parcialidad.
En este contexto, es plenamente justificable el decreto aprobado por el Congreso de la Unión el pasado 17 de marzo que aclara que “no constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas” ni “la información de interés público que debe ser difundida” de acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre otras precisiones (https://bit.ly/3JsSRTk).
Lo que se busca es apenas equilibrar un poco el tablero del juego en la intensa disputa actual entre los poderes privados y los poderes públicos sobre la revocación o la ratificación del mandato del actual Presidente de la República.
Recordemos que la ciudadanía tiene el derecho pleno de acceso a la información plural y equilibrada necesaria para tomar sus decisiones de manera libre y autónoma. “El derecho a la información será garantizado por el Estado”, reza el artículo sexto de nuestra Carta Magna. Así que en lugar de limitarse a regañar y a censurar a López Obrador y sus allegados, el INE debe utilizar todas las facultades a su disposición para hacer realidad este importante precepto constitucional.
Ahora bien, es importante también ejercer la autocrítica y señalar que no nos encontraríamos en la situación actual si, en su momento, los operadores del partido Morena en el Congreso de la Unión hubieran conducido con mayor tino el proceso de aprobación de las reformas en materia de revocación de mandato.
El hecho que el ejercicio actual no haya coincidido con las elecciones federales de 2021 y además que el INE sea “la única instancia a cargo de la difusión” de la revocación de mandato, de acuerdo con el párrafo séptimo del artículo 35, fracción 9 de la Constitución, se lo debemos a nadie más que a Ricardo Monreal y a Mario Delgado, coordinadores de las fracciones parlamentarias de Morena y titulares de las juntas de Coordinación Política respectivas en el Senado y la Cámara de Diputados cuando se aprobó la reforma en 2019.
Monreal y Delgado pusieron la mesa donde ahora se sirven gustosos Lorenzo Córdova y Ciro Murayama.
