A tres semanas de la jornada de revocación de mandato, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) interpuso un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, “con carácter de urgente” a fin de que se pronuncie sobre la constitucionalidad del decreto aprobado por el Congreso, para “interpretar” los alcances del concepto de la propaganda electoral en la ley vigente. En la semana se presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte.
Entre tanto, la organización Que Siga la Democracia remitió un oficio al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, a fin de que ese organismo permita la instalación de lo que denominaron “casillas ciudadanas” que complementen a las urnas que oficialmente desplegará el instituto. Al justificar la petición, destacan que obedece a la insuficiencia de casillas que el INE dispondrá (57 mil), que corresponden sólo a la tercera parte de las que establece la ley electoral (que deben ser las mismas que se instalaron en la elección presidencial, es decir, 160 mil).
El representante del PRD ante el INE, Ángel Ávila, sostuvo que la pretensión del recurso es motivar que la sala superior se pronuncie “sobre el fondo de la inconstitucionalidad del decreto del Congreso, porque ya la sala especializada –aseguró– determinó que no es aplicable porque no se aprobó 90 días antes de iniciado el proceso, como lo dispone el artículo 105 constitucional.
Mientras, Que Siga la Democracia demandó al INE ampliar las posibilidades ciudadanas para acudir a votar. Con base en los artículos 1, 8 y 35 constitucional, señala el escrito, que establece el derecho de los ciudadanos a votar, solicitaron a Córdova abrir la posibilidad de casillas ciudadanas para que los electores puedan expresar su voluntad el 10 de abril.
En el documento se plantea al INE “que es una exigencia ciudadana y mandato de la ley” instalar más casillas (la misma cifra que las de la pasada elección presidencial, unas 160 mil).
