La detonación mediática y política realizada este fin de semana por Julio Scherer Ibarra busca impactar en lo inmediato dos hechos judiciales altamente relevantes para el interés del ex consejero jurídico de la Presidencia de la República: la sesión de la Corte el próximo 18, cuando resolverá previsiblemente en contra del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en cuanto al afrentoso caso relacionado con la pareja y la hijastra de su fallecido hermano Federico, y la audiencia ante un juez, pospuesta del 8 de este mes al 7 del próximo, que decidirá la suerte de cuatro abogados relacionados con Scherer, a los que se acusa de extorsionar a políticos y empresarios, en un expediente que podría alcanzar al ex consejero.

El objetivo central de Scherer es el empantanado Gertz, al que el propio ex consejero promovió para llegar al cargo “autónomo”. Con lo que ha denunciado a través del semanario Proceso, en el que junto con sus hermanos tiene presencia accionaria preponderante, agrega factores de descalificación a la causa del titular de la Fiscalía Personal de la República (FPR), quien quedaría en derrota indecorosa si los ministros de la Corte conceden la razón a Alejandra Cuevas y Laura Morán, en el caso del hermano Federico.

La filtración (de origen desconocido hasta ahora) de llamadas telefónicas sumamente descriptivas del uso de la Fiscalía para intereses personales, más la develación escandalosa de pugnas palaciegas y el sostener que Gertz le pidió al entonces consejero presidencial que le hiciera el “favor” de ayudarle en el caso familiar en mención, acotan a la Corte el rango de acción y resultaría contraproducente para esa institución el favorecer al multimencionado fiscal.

Para Scherer es esencial desactivar a Gertz, con el fin de que no avancen otras denuncias presentadas por abogados que acusan al ahora ex consejero de extorsión y corrupción; unas provienen de empresarios y litigantes con poca credibilidad en cuanto a la denuncia de injusticias, pues han sido promotores y beneficiarios históricos de ellas, pero hay otras que merecen atención, como la presentada por Paulo Diez Gargari, denunciante durante años de las transas de OHL, ahora Aleática, sobre todo en cuanto al Viaducto Bicentenario.

Diez Gargari habla de Scherer como “abogánster” y asegura en denuncia formal que es el jefe de un entramado de bufetes de abogados que gestionaron asuntos en consonancia con el entonces consejero para beneficio económico particular. Cuatro de esos litigantes son los que deben acudir a una diligencia judicial el próximo 7 de abril, con riesgo de ser sujetos a proceso y tal vez a prisión.

Agregar al batidillo a Olga Sánchez Cordero es un elemento accesorio en la estrategia de Scherer (aunque lo dicho respecto a ella no es menor), pero termina develando un estado constante de pugnas, rejuego de intereses y cruzadas acusaciones de corrupción en el primer círculo del gobierno obradorista.

No debe desestimarse el hecho de que personajes centrales de la conducción y la operación contra la corrupción y la delincuencia, desde el ámbito relacionado expresamente con Palacio Nacional, hayan caído: Santiago Nieto Castillo tuvo que dejar la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda; Olga Sánchez Cordero, la secretaría de Gobernación, por pleitos con Scherer, y éste la poderosísima consejería jurídica. O estén en riesgo de caer o sumamente desgastados, como es el caso de quien ha resultado TortuGertz para lo ajeno, velocista para lo propio.

Hoy cierra la primera parte de la larga batalla que se inició con la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que habría de construirse en Texcoco, y la decisión de optar por Santa Lucía, donde el presidente de México inaugurará el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

La segunda parte de esta batalla corresponderá al buen mantenimiento de los niveles de operación de este nuevo aeropuerto y la consecución de más líneas aéreas y más destinos internacionales. ¡Hasta mañana!

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