Fue en los esperanzados días de julio de 2018, durante una reunión con el omiso Colegio de Notarios de la Ciudad de México, que quien sería la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que la Ley de Voluntad Anticipada se promovería en todo el territorio y en las entidades federativas que aún no contaran con ella, con la finalidad de que enfermos terminales tuviesen la opción de suspender tratamientos inútiles y poner libremente fin a su vida. Sin embargo, algo de tan elemental sentido común como que cada persona decida si su sufrimiento tiene sentido o carece de él, en el gobierno de la 4T se volvió, como en las administraciones anteriores, letra muerta, no obstante que en la capital la Ley de Voluntad Anticipada entró en vigor el 7 de enero de 2008.
Hace tres años y medio, sólo 11 estados contaban con ella: Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Ciudad de México, estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit y San Luis Potosí. Cada uno con contrastadas tarifas notariales, ya que la Secretaría de Salud no ha querido hacer del registro del Documento de Voluntad Anticipada (DVA) un servicio público y gratuito, como en otros países. Después se sumaron Oaxaca, Yucatán y Tlaxcala.
En la Constitución de la CDMX un solo artículo enuncia, casi con pena, el derecho de sus habitantes a tener una muerte digna sin agregar más ni aludir a los graves problemas emocionales, familiares, económicos e institucionales que entraña prolongar una vida degradada y sin esperanza de cura hasta que unas creencias religiosas u objeciones de conciencia quieran.
Un tufo prianista predomina, pues, en todo lo relacionado con el derecho a la muerte digna, el documento de voluntad anticipada, suicidio asistido, notarios como humanitarios, secretarías de Salud federal y locales e instituciones similares. Desde la escrupulosa aclaración de que de ninguna manera la muerte digna equivale a eutanasia, aunque deban interrumpirse tratamientos y medicamentos carentes de sentido, hasta la falta de campañas de difusión de los múltiples beneficios de prevenir los azares de la muerte como condición de vida, pasando por el desinterés institucional y académico, el olvido notarial de que marzo era el mes del DVA, la danza de los costos más una ciudadanía desatendida y sin herramientas para actuar, como no sea en la clandestinidad.
