Ciudad de Guatemala. La jueza guatemalteca Erika Aifán, premiada internacionalmente por su lucha contra la corrupción y quién envió a juicio a funcionarios, empresarios, jueces y civiles, anunció la renuncia a su cargo el lunes, y dijo que permanecerá fuera del país debido a las amenazas en su contra.

“No me dejaron opción”, dijo Aifán The Associated Press vía telefónica desde Washington, Estados Unidos, tras presentar su dimisión.

“Está es la única forma que me queda de seguir luchando, en prisión preventiva no tendría garantías, ni siquiera una defensa justa”, dijo Aifán sobre una posible colusión entre la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público que estaría buscando despojarla de su inmunidad y enviarla a prisión.

Aifán dijo que en los últimos días, el acoso y las amenazas habían recrudecido. “No hay ni siquiera un debido proceso del cual pueda defenderme”, dijo la jueza y explicó que mientras la fiscalía se niega a que conozca los cargos en su contra, la Corte Suprema de Justicia ha rechazado, sin argumentos, los recursos que presentó para defenderse.

Aifán tuvo a su cargo varios procesos judiciales de gran impacto sobre corrupción, impunidad o asesinatos, pero uno de los últimos tuvo que ver con una acusación que involucra al presidente Alejandro Giammattei.

Según la declaración de un testigo que fue recibida por Aifán, el exministro de Comunicaciones del anterior presidente Jimmy Morales, José Benito, actualmente preso, habría entregado unos cinco millones de dólares a la campaña de Giammattei.

Desde entonces las acciones contra la jueza empezaron a acelerarse y la persecución de la fiscalía aumentó. Giammattei ha dicho que es amigo de la fiscal general Consuelo Porras, quien fue sancionada por Estados Unidos en 2021, que le retiró la visa de entrada a ese país, por acciones antidemocráticas y obstrucción a las investigaciones anticorrupción.

Giammattei ha negado las acusaciones.

Aifán enfrenta por lo menos 20 denuncias y cuatro solicitudes de retiro de inmunidad de parte de la fiscalía. Aunque la magistrada dijo que no responsabiliza a alguien en particular, sostuvo que la actuación de Porras ha tenido un papel en su renuncia y exilio temporal.

“Ella ha instrumentalizado al Ministerio Público y ejerciendo persecución de quienes hemos trabajado contra la impunidad y corrupción”, dijo Aifán.

Para Ana María Méndez directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Latinoamérica WOLA, la salida de la jueza genera una gran preocupación.

“Es alarmante porque Aifán deja varios casos que fueron relevantes para el país, es decir cómo es posible que todos los actores que han tenido una lucha contra la corrupción e impunidad sean criminalizados”, dijo Méndez.

La directora del programa explicó que es necesario determinar quiénes están detrás del hostigamiento y persecución a operadores de justicia.

“Hay organizaciones como la Fundación contra el Terrorismo que presentan acusaciones contra jueces pero aquí hay élites detrás, élites económicas y militares”, dijo Méndez en referencia a la fundación que preside Ricardo Méndez Ruiz, a quien Estados Unidos sancionó retirándole la visa de entrada por violación de los derechos humanos y obstaculización en la lucha anticorrupción.

“Estamos viendo con preocupación que Guatemala está cerrando todos sus espacios democráticos, convirtiéndose en una dictadura bajo la mascara de un Estado de derecho y esa es la ruta que tuvo Nicaragua”, dijo Méndez.