Santiago. La primera semana de Gabriel Boric en la presidencia de Chile resultó una mezcla entre el esfuerzo por marcar diferencias de estilo y cumplir promesas de campaña, a la vez sacudida por un baño de realidad acerca del desafío de gobernar, sobre todo cuando prevalecen desconfianzas de larga data que ponen a prueba la voluntad y la perseverancia.

Quedará registrado en la historia que, en el segundo día del nuevo gobierno, la ministra del Interior, Izkia Siches, fue recibida a balazos en las inmediaciones del poblado indígena de Temocuicui, al cual buscaba ingresar como prueba de la honestidad presidencial cuando dice querer establecer un diálogo directo con el pueblo mapuche en su territorio.

El asunto se enredó más cuando ella, pese a la gravedad de lo acontecido, decidió no interponer una denuncia criminal por atentado contra la autoridad, señal de los nuevos tiempos que corren; pero su subordinado, el subsecretario Manuel Monsalve, dijo que evaluaban hacerlo. Las cosas no quedaron ahí, sino que entre ambos hubo otro entrevero cuando ella dijo que en el lugar de la emboscada “había señales en torno a reivindicaciones de presos políticos mapuches y creo que esas son parte de conversaciones que debemos tener”; lo cual el subalterno contradijo afirmando que “las personas están condenadas por un delito tipificado en el Código Penal, desde esa perspectiva no son presos políticos”.

Siches finalizó su semana inaugural contagiada de coronavirus y por tanto en cuarentena, lo cual la alejará de las calles y de los medios, aunque sigue ejerciendo y usando sus redes sociales.

Como si lo anterior fuera poco, la semana terminó con la policía reprimiendo a placer a los manifestantes que todos los viernes se reúnen en la denominada Plaza Dignidad, en Santiago, reclamando por la libertad de unos 60 “presos de la revuelta” que están en las cárceles desde 2019 sin cargos en su contra. Esa actuación policiaca desató cuestionamientos a Siches y a Boric desde la propia coalición gubernamental, el pacto Apruebo Dignidad.

La otra cara de la moneda, la de las cosas que salen bien, logró estar presente cuando el gobernante cumplió uno de sus compromisos con el mundo ecologista: firmar el Tratado de Escazú y enviarlo a ratificación legislativa, justo cuando la primera reunión de la Conferencia de las Partes tendrá lugar entre el 20 y 22 de abril en Santiago.

El acuerdo de Escazú es “un compromiso regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe”.

Una bomba de tiempo

Para el politólogo Mauricio Morales, académico de la Universidad de Talca, los sucesos de la primera semana develaron que para Boric será complejo conciliar diferencias al interior de la coalición política que lo respalda.

“Es una bomba de tiempo porque ahí conviven tres almas: el Partido Comunista, el Frente Amplio y partidos de la ex Concertación. No tienen consensos respecto de lo que es un preso político, tampoco en las formas de enfrentar la violencia en las manifestaciones; adicionalmente, dio la sensación de que la ministra tomó la decisión de ir a Temocuicui de manera autónoma, sin resguardo policial y sin evaluar la peligrosidad”.

Además de considerar que esos sucesos pueden dañar la confianza ciudadana en Siches –una de las personalidades políticas mejor evaluadas–, advierte que eso debe ser un aviso para que el gobierno no caiga en transformar todo acto político en un acto comunicacional.

“La ministra debe entender que parte importante de su labor se realiza sin cámaras y sin luces y que el Ministerio del Interior está sometido permanentemente al conflicto y que más que gestión comunicacional, lo que hace es gestión política”, recalca.

Morales vaticina que será “un desafío mayor conducir esta coalición de tres almas” y que eso obligará a Boric a oficiar como líder del gobierno y también de la coalición.

Por lo pronto, la encuesta Pulso Ciudadano, realizada el 18 y 19 de marzo y conocida el domingo, señaló que Boric tiene una aprobación de 46.5 por ciento en la forma como “está conduciendo su gobierno”, frente a una desaprobación de 26.1 y 27.4 que “no sabe”; mientras el gabinete ministerial es aprobado por 37.5 por ciento con 27.5 que lo desaprueba.

Según la encuesta, los principales problemas del país siguen siendo la delincuencia con 39.1 por ciento; la migración 29.9; la inflación, 25.5; el narcotráfico, 22; las pensiones, 20.2; la salud, 18.6, y los sueldos, 16.2.