Ciudad de México. En Sonora, los yaquis defienden la escasa agua de sus afluentes y los habitantes de Cananea y municipios aledaños sufren por la contaminación ocasionada por la minera Buenavista del Cobre, de Grupo México. Los habitantes de la Laguna consumen líquido con arsénico. En Yucatán las granjas de cerdos ponen en riesgo los acuíferos y la salud de la población.

De cara al Día Mundial del Agua, que se celebra el 22 de marzo, estos son apenas algunos de los múltiples conflictos por este recurso a lo largo del país, motivados sobre todo porque los sectores industrial y agrícola acaparan el agua de los territorios, mientras los pobladores la requieren para vivir.

En 2020 había 8.5 millones de mexicanos (de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) que carecen del servicio de agua potable y la mayoría de la población la recibe unos días a la semana o al mes. El líquido es acaparado por actividades como la minería y el cultivo de alfalfa o aguacate, entre muchos más, indican expertos. Sólo 1.1 por ciento de usuarios consume 22.3 por ciento del agua de acuíferos sobrexplotados, precisa el reporte Los millonarios del agua, de Wilfrido Gómez Arias y Andrea Moctezuma.

En el país, durante décadas el Estado ha privatizado el agua. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hoy tres de cada cuatro hogares compran agua en garrafón o botellas. “Qué mejor expresión de un negocio controlado por un grupo de empresas trasnacionales que concentran 80 por ciento del mercado, extraen agua y la venden 494 veces más cara por ponerla en una botella”, comenta Helena Cotler, integrante del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (Susmai) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El derrame de 40 millones de litros de desechos peligrosos de la minera Buenavista del Cobre de Grupo México en los ríos Sonora y Bacanuchi, que en 2014 afectó a miles de personas, sigue sin solución, pese a que presuntamente se destinaron 2 mil millones de pesos a remediación. La minera sigue operando y hasta julio de 2019 ya se habían reportado otros seis incidentes, informaron los comités de cuenca del río Sonora.

Además, pese al plan de justicia para el pueblo yaqui impulsado por el gobierno federal, persisten los problemas por el agua y se han interpuesto por lo menos 12 recursos de amparo en contra de la creación del distrito de riego 18, que en septiembre pasado el gobierno federal transfirió al pueblo indígena.

Asimismo, los caciques que históricamente han acaparado el agua se resisten a ceder su control. En el módulo de riego 13, conocido como La Marinera en el municipio Madero, Coahuila, los ejidatarios obtuvieron la titularidad, luego de que por seis años estuvo bajo el control del empresario agrolechero Mario Valdés.

La nueva directiva, encabezada por Félix Ramírez, se encontró con que había desaparecido la maquinaria para operar el módulo y enfrenta órdenes de aprehensión por presunto secuestro. “Es una persecución porque los empresarios quieren recuperar el módulo”, sostuvo Elizabeth Estrada, de la Contraloría Ciudadana de la Laguna, Coahuila, integrada a la Coordinadora Agua para Todos.

Dijo que debido a que en el ejido Lequeitio, en Madero, Coahuila, el agua tiene las más altas concentraciones de arsénico del estado y sólo les llega un “chorrito”, este martes se inaugurará la Casa del Agua, una cisterna que almacenará el escaso líquido que cae y la potabilizará para eliminar el arsénico. En la región el gobierno federal impulsa el proyecto Agua Saludable para eliminar el arsénico, pero no enfrenta a los concesionarios que sobrexplotan el acuífero, señaló.

En Yucatán, niños mayas de Homún, en demanda de que se respete su derecho a un medio ambiente sano, presentaron quejas contra la instalación de una megagranja porcícola, la cual fue suspendida por orden judicial, pero existe el riesgo de que reanude actividades porque el tribunal colegiado en materias de trabajo y administrativa del 14 distrito desestimó las quejas, indicó el Equipo Indignación. De las 257 granjas porcícolas identificadas en territorio nacional, 14.2 por ciento están en Yucatán.