Las finanzas municipales en México enfrentan una enorme fragilidad, pues las capacidades de recaudación de los gobiernos locales son casi inexistentes en la mayor parte del país. Aunque el impuesto predial podría ser una fuente de ingresos que les permitiera atender las necesidades de sus demarcaciones, los ayuntamientos mexicanos recaudan menos de la mitad del promedio de América Latina. Así, aunque constitucionalmente los municipios administran libremente su hacienda, ésta depende totalmente de la Federación.

En promedio, 75.4 por ciento de los ingresos de los ayuntamientos de la República son recursos federales, pero en los municipios más pobres, como algunos de Guerrero, llega a 98 por ciento, lo que se traduce en una dependencia casi absoluta de esos recursos, de acuerdo con la revisión de la cuenta pública 2020 hecha por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Esta elevada dependencia se explica, según la ASF, por el ina-decuado aprovechamiento de sus fuentes de ingresos, principalmente el impuesto predial, cuya recaudación es muy reducida, respecto de su potencial.

En México, el impuesto predial significa alrededor de 0.3 por ciento del producto interno bruto, mientras que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es de 1.9 por ciento y de 0.8 por ciento en América Latina.

Una tercera parte de recaudación, en la capital

En 2019, el impuesto predial en nuestro país registró un monto de 57.4 mil millones de pesos, importe reducido respecto de su potencial recaudatorio, según la ASF. Además, 33.2 por ciento de él correspondió a la Ciudad de México, la única de las 32 entidades de la nación que no depende excesivamente del presupuesto federal.

En un gran número de municipios del país la pobreza de sus habitantes limita las posibilidades del cobro de ese gravamen. Sin embargo, en los ayuntamientos de usos y costumbres, la población aporta de manera importante trabajo comunitario, en obras y acciones de beneficio para toda la comunidad, lo cual constituye en cierto sentido un impuesto social que, aunque no esté cuantificado, debe considerarse en las valoraciones respecto de los ingresos propios de los municipios que presentan ese proceso participativo, señala la ASF.

En la reticencia a cobrar el predial también pesa el factor político, de acuerdo con la ASF, pues el municipio es el orden de gobierno más cercano a la población.

Para la ASF el nivel de aprovechamiento de este impuesto “es sumamente bajo respecto de su potencial y no apoya los ingresos de los ayuntamientos en los términos en que lo debería hacer”.

La proporción que significaron en 2020 los recursos federales en los ingresos totales de los municipios, según el grado de rezago social determinado por el Consejo Nacional de Evaluacion de la Política de Desarrollo Social (Coneval), es la siguiente: ayuntamientos con muy alto grado de rezago social, 98.3 por ciento; alto grado de rezago, 96.8 por ciento; grado de rezago medio, 92.7 por ciento; bajo grado, 80.5 por ciento, y muy bajo grado de rezago social, 66.5 por ciento.