El juicio de amparo contra la construcción de los tramos 1 a 3 del Tren Maya, que promovió la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal por violación al derecho del medio ambiente, pone en riesgo 101 mil 261 empleos en cinco estados del sureste y en la Ciudad de México, de acuerdo con información del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur).

Hace un mes, el Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa del 14 circuito confirmó que en tanto se resuelve el juicio de amparo queda suspendido el aval otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a Fonatur y se debían detener las obras de esos tramos que van de Palenque, Chiapas, a Izamal, Yucatán.

La suspensión de los permisos ambientales emitida por el tribunal colegiado no detiene los trabajos del Tren Maya en los tramos 1 a 3. Sin embargo, si la obra parara en definitiva, “se perderían” los empleos que con ella se crearon, señaló Fonatur.

De proceder el amparo se afectaría sobre todo a trabajadores de la construcción –ingenieros, albañiles, herreros y supervisores–, así como personal de control de calidad, arqueólogos y empleados de medio ambiente, entre otros, en Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Por ser una obra integral, impactaría también en Quintana Roo y la Ciudad de México. En este último caso, afectaría a personal de la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Federal de Electricidad y el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Según la instancia, hay 3 mil 565 puestos de trabajo en Chiapas, 3 mil 960 en Tabasco, 21 mil 825 en Campeche, 39 mil 180 en Yucatán, 9 mil 90 en Quintana Roo y 23 mil 641 en la Ciudad de México.

Además de ese juicio de amparo, habitantes de Playa del Carmen y de Cancún presentaron ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente denuncias populares a causa de la deforestación ocasionada para la nueva ruta del Tren Maya.

La Semarnat sólo ha autorizado a Fonatur la manifestación de impacto ambiental (MIA) de esta fase del tren, ya que la evaluación del tramo 4, que va de Izamal a Cancún, está suspendida desde el 8 de diciembre debido a que requirió información adicional al fondo, que no ha presentado las MIA de los tramos 5, 6 y 7. Aun así avanzan las obras en el tramo 5, de Cancún a Tulum, cuyo trazo fue modificado y ya implicó la tala de alrededor de 20 mil árboles.

De aplicarse en este proyecto el acuerdo presidencial del 22 de noviembre, que declaró de interés público y seguridad nacional los proyectos prioritarios del gobierno federal e instruyó a las dependencias federales otorgar autorización provisional de forma previa a la obtención de permisos para iniciar proyectos, “estaremos ante la falta de los estudios técnicos y científicos suficientes y necesarios que sustenten que en efecto son viables ambientalmente hablando”, consideró Gustavo Alanís, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.

Agregó que se puede poner en riesgo a una o más especies de flora y fauna que puedan estar en peligro de extinción, de afectar algún área natural protegida de competencia federal o local, además de que deben cumplir, mínimamente, con la consulta pública de conformidad con el marco legal nacional aplicable conforme al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.