El viernes, habitantes de las comunidades de Fierro del Toro y Tres Marías, pertenecientes al municipio de Huitzilac, Morelos, bloquearon durante ocho horas la carretera federal y un tramo de la autopista México-Cuernavaca para exigir la aparición con vida de tres jóvenes que el jueves fueron acusados de presuntamente ser “talamontes” y privados de su libertad por elementos de la Guardia Nacional (GN) y comuneros de Topilejo, alcaldía de Tlalpan, en la Ciudad de México.
Ayer, mandos de dicha corporación rechazaron que sus integrantes hayan detenido a los hombres morelenses, y señalaron que no realizaron ni participaron en ningún operativo contra talamontes en esa zona.
La jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, refirió tener conocimiento de que ya se localizó a una de las personas a quienes se denunció como desaparecidas, y afirmó que el conflicto que llevó al cierre vial tiene que ver con el desmonte ilegal de los bosques ubicados en los límites de Tlalpan y Huitzilac.
De resultar cierto que el caos generado en una de las autopistas más transitadas del país durante el inicio del fin de semana largo se debe a los intereses de grupos vinculados a la explotación ilegal del patrimonio silvícola, lo ocurrido el viernes debe tomarse como un llamado de atención para que las autoridades aborden un fenómeno que no sólo alimenta a la delincuencia organizada, sino que ocasiona un daño irreparable a los ecosistemas mexicanos y al medio ambiente global.
De ningún modo se trata de una cuestión menor. De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, entre 2018 y 2020 se denunciaron mil 179 casos de tala ilegal, mientras la Comisión Nacional Forestal reporta que en 2020 México sufrió la deforestación de 127 mil 770 hectáreas de bosque, una pérdida mayor a las 91 mil 600 hectáreas taladas en el periodo 2010-2015. Esta misma dependencia da cuenta de que la tala clandestina es controlada por el crimen organizado en al menos seis entidades del país, y su director identifica a grupos delictivos en Chihuahua, Jalisco, Guerrero, Estado de México, Sonora, Durango, Morelos, Chiapas, Oaxaca, Sinaloa y Querétaro. El Anuario Estadístico de la Producción Forestal de 2017 estima que ese año el negocio de la madera ilegal rondaba los 7 mil 123 millones de pesos, una cifra que podría ser mayor por las dimensiones que ha cobrado este delito.
Con independencia del desenlace de los hechos suscitados en la México-Cuernavaca, es evidente que hoy por hoy el desmonte clandestino es una de las prácticas más lesivas para el equilibrio ambiental y el bienestar de las generaciones presentes y futuras, por lo que cabe esperar que sociedad y gobernantes de todos los niveles le concedan la importancia que merece y propugnen por adoptar todas las medidas necesarias a fin de erradicarlo.
