Madrid. Por primera vez desde que existe el conflicto territorial por el Sahara Occidental, el gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, decidió alinearse con Marruecos y aceptar que la región en disputa se convierta en una “autonomía” adscrita al Estado marroquí. Esta postura rompe una larga tradición en la política exterior española, la cual siempre defendió lo estipulado por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que abogaba por el respeto al pueblo saharaui a decidir su futuro en una resolución de acuerdo mutuo.

Este viraje podría abrir una nueva crisis con Argelia, principal proveedor de gas en España, insumo que con la guerra en Ucrania es uno de los bienes más preciados en Europa.

La noticia saltó de repente, sin que lo supieran ni siquiera los socios de gobierno de Pedro Sánchez, es decir, la coalición de Unidas Podemos, que integra, entre otros, al Partido Comunista de España y a Izquierda Unida, dos de las entidades políticas más comprometidas y vinculadas con la lucha del pueblo saharaui. Rabat difundió una carta que Sánchez envió hace unos días, en la cual anunció el radical cambio de postura.

El mandatario señala que “España considera la iniciativa marroquí de autonomía, presentada en 2007, como la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo territorial que cumple al menos 40 años”.

Ese posicionamiento, sin negociación previa en la coalición de gobierno ni discutida con la oposición, supone que el Estado español finalmente asume la solución propuesta por Marruecos para el conflicto territorial del Sahara Occidental, el cual ha sido una fuente de conflicto entre Argelia y Marruecos, así como entre España y el norte de África.

Madrid asume un plan que prevé someter a referendo ciertas competencias en materia de economía, infraestructuras, desarrollo social y cultura, entre otros ámbitos, para la ex colonia española del Sahara Occidental, mientras tópicos claves, como defensa militar, relaciones exteriores o religión recaerán en el Estado marroquí.

El gobierno español mantuvo durante cuatro décadas una determinación alineada con la de la ONU, la cual defendía una salida negociada al diferendo territorial.

“Pedro Sánchez sucumbe ante la presión y el chantaje de Marruecos y paga un peaje para retomar las dañadas relaciones diplomáticas” entre ambos países, opinó el representante del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi.

Una vez que Marruecos dio a conocer la carta, envió un comunicado en el que destacó que con la reciente postura ante el conflicto del Sahara Occidental se iniciaba una nueva etapa en las relaciones bilaterales, muy dañadas desde hace un par de años, incluso se anunció un inminente viaje oficial de Sánchez a Marruecos.

La vicepresidenta segunda del gobierno y líder emergente de UP, Yolanda Díaz, mostró sus discrepancias con la decisión de Sánchez, y advirtió que la resolución del conflicto sobre el Sahara Occidental debe pasar “por el diálogo y el respeto a la voluntad democrática del pueblo saharaui. Seguiré trabajando en eso”.

La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, advirtió que este conflicto requiere una “solución política justa, duradera y aceptable para todas las partes” de acuerdo con las resoluciones de la ONU que “prevea la libre determinación del pueblo saharaui. España no debe apartarse del derecho internacional”.

El coordinador federal de Izquierda Unida y ministro de Consumo, Alberto Garzón, recordó que el “pueblo saharaui es víctima desde hace mucho tiempo y no se puede mirar hacia otro lado, ya que tiene derecho a expresar cómo quiere que sea su futuro mediante un referéndum libre, como desde 1995 estableció el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”.

Respecto de la reacción de Argelia a la nueva coyuntura en la región, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, no aclaró si se comunicó a esa nación la decisión del gobierno de Sánchez.