Mazatlán, Sin., Setenta por ciento de personas desplazadas por la violencia en la entidad son mujeres jefas de familia, según un padrón realizado en 2021 por la Comisión Intersecretarial dirigido por la Universidad Autónoma de Occidente, el cual registró 2 mil 509 personas exiliadas, señaló Ruth Díaz, secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable en Sinaloa.
La funcionaria dijo que la dependencia trabaja en las mesas de diálogo para atención de personas expulsadas en la que participan todos los titulares de las dependencias de gobierno estatal y los líderes de cada una de las zonas representadas por los grupos de afectados.
Detalló que la institución ha realizado tres reuniones para formar los empadronamientos de acuerdo con las necesidades de cada grupo de expulsados y se prevé otro encuentro que agilizará la atención. Anticipó que con las estadísticas se conocerá cuántos habitantes serán beneficiados con los programas.
Consideró que la publicación oficial del Fondo especial para la atención y protección de personas desplazadas es el marco legal para dar apoyo, atención y protección a los que fueron afectados por la violencia y la forma adecuada para transparentar los recursos.
La titular de Bienestar y Desarrollo sustentable agregó que este proyecto es para entregar apoyos económicos y en especie a las víctimas de desplazamiento forzado interno en localidades ubicadas en territorio sinaloense y para la protección de cinco derechos humanos prioritarios que se violentan, los cuales son: a la vida digna, vivienda adecuada, alimentación, salud y educación.
Informó que ayer se publicaron en el Diario Oficial del Estado las reglas de operación del Fondo de atención a exiliados para el ejercicio fiscal 2022. En el gobierno del priísta Quirino Ordaz Coppel (2017-2021) entregó a familias de desplazados 112 viviendas, 60 en Ahome y 52 en Mazatlán, y repartió 104 terrenos para construir casas.
En julio de 2020, el Congreso local aprobó la Ley para Prevenir, Atender y Reparar el Desplazamiento Forzado Interno, además de elaborar el Registro estatal de personas expulsadas así como la creación del fondo especial y el programa estatal para los afectados que se renovará cada tres años.
