La reforma que obliga a la inscripción de las trabajadoras del hogar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no contempla los mecanismos de “supervisión e inspección” para que los empleadores cumplan con esta responsabilidad, señaló el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (Sinactraho).

Norma Palacios, secretaria colegiada de la organización, señaló que si bien es un avance, aún “falta mucho por cumplir” como es el derecho a la vivienda. Además, dijo, la reforma aprobada por el Senado de la República “contiene una serie de puntos contrarios” al Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a los derechos de este sector, que entró en vigor en 2021.

En entrevista, indicó que no se establecen sanciones por el incumplimiento de las obligaciones, por lo que de nueva a cuenta se requiere de “la buena voluntad de los empleadores y así no pensamos que vaya a tener grandes avances (la reforma)”. Por ello consideró que se requiere de una “campaña fuerte de información” para concientizar a los empleadores.

Contra la discrecionalidad

Hasta diciembre de 2021, había al menos 41 mil trabajadoras del hogar afiliadas al IMSS, lo que representa menos de 2 por ciento de los 2.5 millones que hay en México, de acuerdo con datos del instituto.

Palacios hizo notar que en la reforma se habla de trabajo “esporádico”, es ambiguo y “da lugar a la incertidumbre jurídica”, puesto que no se precisa cuántos días son necesarios ni los periodos consecutivos “para que nosotras podamos ser consideradas como trabajadoras del hogar”.

Al no definirse dicho término, abundó, la aplicación de la reforma “quedaría a discrecionalidad de la autoridad o del patrón, lo que anularía” su derecho a la seguridad social.

En este sentido, insistió en que actualmente la mayoría de las trabajadoras del hogar continúan desempleadas, con reducción de días laborables y pérdida de ingresos, debido a la pandemia, lo que ha complicado que accedan “al derecho de la seguridad social”.

La secretaria colegiada del Sinactraho apuntó que también se plantea que para que las empleadas del hogar puedan contar con la seguridad social, se requiere que el salario mensual declarado por los empleadores supere el valor del salario base de cotización mínima (6 mil pesos), lo cual es “discriminatorio” ya que esto no se exige al resto de los trabajadores.

“Sí, estamos preocupadas porque estas omisiones y falta de precisión permitirán que la reforma se convierta en letra muerta en perjuicio de miles de trabajadoras del hogar y no sabemos cuánto tiempo pueda pasar para que se les pueda obligar a los empleadores a cumplir con su responsabilidad”, expresó.