Al avalar la investigación del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, según la cual en México hay poco más de 52 mil cuerpos sin identificar, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, advirtió falta de voluntad política y de capacidades de las autoridades estatales para atender esta problemática.
Señaló que las instancias locales no generan y tampoco comparten la información necesaria para enfrentar la crisis forense, aun cuando se les han destinado en conjunto más de 3 mil millones de pesos del presupuesto federal para atender esa emergencia.
Durante un reporte presentado en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el funcionario informó sobre las acciones para ampliar la estructura y la capacitación especializada.
Dijo que se firmó un convenio con el Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Innsbruck (ubicada en Austria, la misma que ha identificado restos de los normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014) para capacitar a especialistas del Instituto Nacional de Medicina Genómica.
“El objetivo de este convenio es desarrollar las capacidades de identificación humana partiendo de muestras complejas (…). Es decir, queremos tener un Innsbruck mexicano”, añadió Encinas, al enfatizar que el país carece de una base de datos nacional de genética.
Después de algunos censos e indagatorias para dimensionar el problema, se encontró que el principal rezago es que la información se halla fragmentada y la situación se complica con las fosas comunes.
“Un dato que hemos retomado del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, que a partir de solicitudes de información y trabajo de campo ha levantado un registro, da cuenta de poco más de 52 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses y en fosas comunes del país”, precisó.
Diez entidades concentran 80 por ciento de los cuerpos de las personas fallecidas en esta situación: Baja California, Ciudad de México, estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa y Sonora.
Este panorama “choca con otros problemas: no existe un censo sobre los cuerpos no identificados ni tampoco sobre los identificados y no reclamados en fosas comunes. Es una omisión legal muy grave que involucra a distintos ámbitos de autoridades, desde las fiscalías, secretarías de salud o tribunales, hasta municipios, por el manejo de las fosas comunes en los cementerios”.
