Fue una atropellada sesión en la que varios funcionarios, encabezados por la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, comparecieron ante expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la revisión periódica del cumplimiento nacional de obligaciones que el Estado mexicano aceptó en 2007.

El tema: la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El resultado: un encuentro presencial y virtual en las ciudades de México y Ginebra, en el que fue evidente que los funcionarios de la ONU y sus contrapartes mexicanas hablaron lenguajes muy diferentes.

Montiel Reyes destacó que hace dos años, en plena pandemia, una reforma constitucional promovida por el Ejecutivo llevó a la Constitución “el derecho a la entrega de apoyo económico a las personas que vivan en condición de discapacidad permanente”. Dichas ayudas, afirmó, permiten a 3.5 millones de personas en esta condición tener autonomía.

La titular de Bienestar afirmó que en el pasado los recursos “se entregaban a las organizaciones” y solían no llegar a sus destinatarios. Ahora, “los recursos llegan de manera directa y sin intermediarios”.

El relator del comité, el suizo Marcus Schefer, recordó que México fue uno de los primeros firmantes de la convención y que desarrolló programas y metas, pero éstos no se han cumplido.

Panorama diferente

En alusión a los datos oficiales, Schefer señaló que “los informes de la sociedad civil y sus declaraciones orales pintan un panorama diferente”, pues se sigue viendo a las personas con discapacidad como “dependientes de la caridad y no como titulares de derechos”.

La experta Vivian Fernández de Torrijos puso en la mesa la preocupación de organizaciones civiles mexicanas: “¿cómo se incluye a las personas con discapacidad sin caminar de la mano de la sociedad civil?”

También se refirió a la incorporación del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a la Secretaría de Bienestar: “En el comité nos preocupa la poca independencia que esto pueda generar para los servicios de las personas con discapacidad”.

Montiel y el resto de los funcionarios, con un par de excepciones, respondieron con generalidades las preguntas de los integrantes y expertos del organismo internacional. Otra inquietud recurrente de los especialistas fue la situación de migrantes y refugiados, particularmente de aquellos con alguna discapacidad, y hablaron de detenciones por “largo tiempo”.

Xadeni Méndez, directora de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional de Migración, habló de “capacitación y sensibilización de agentes federales”, así como del trabajo que realizan la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), pero no ofreció mayores datos sobre el trato que reciben los migrantes con discapacidad en las estaciones migratorias.

Netzaí Sandoval, titular del IFDP, confirmó que esa institución cuenta con 34 abogados especializados que atienden “primordialmente” a personas con discapacidad.

Sandoval aprovechó el viaje para decir que apenas ayer, por vez primera, “logramos ingresar a la estación migratoria Siglo XXI (...) lugar especialmente complicado y de las pocas estaciones a las que no habíamos tenido acceso nunca antes”.