Lima. El Tribunal Constitucional de Perú resolvió ayer disponer la libertad del ex presidente Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años de prisión por violación a los derechos humanos, una decisión que ha generado críticas de familiares de las víctimas de abusos y el rechazo del gobierno.

La máxima corte aprobó por votación de 4-3 un recurso habeas corpus, que pedía anular una resolución judicial que dejó sin efecto en octubre de 2018 un indulto humanitario para Fujimori, otorgado por el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski en 2017, precisó un comunicado de la entidad del Poder Judicial.

El presidente Pedro Castillo repudió la decisión y afirmó que es producto de una “crisis institucional” que vive Perú, en referencia a su discurso esta semana en el Congreso en que reprochó las recientes acciones de varios organismos jurisdiccionales, como el Tribunal Constitucional.

“Los órganos de justicia internacional a los que Perú está adscrito y el estado de derecho deberán cautelar el ejercicio efectivo de la justicia para el pueblo”, afirmó.

Castillo declaró durante la campaña proselitista su intención de desmantelar el tribunal. Sin embargo, desde que asumió la presidencia, se había mantenido en silencio sobre el tema.

Eloy Espinosa-Saldaña, uno de los miembros de la corte, explicó a la radio local RPP que en el tribunal un grupo alegó por la libertad de Fujimori por motivos de salud, mientras otro sostenía que debía mantenerse en prisión debido a un pronunciamiento anterior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual se había mostrado en contra del indulto.

“Su excarcelación ahora es un trámite burocrático”, lamentó Espinosa-Saldaña, quien sufragó contra la libertad de Fujimori.

La semana pasada, el ex mandatario de 83 años y que gobernó el país minero entre 1990 y 2000, ingresó a una clínica por una afección cardiaca y en lunes fue dado de alta.

Fujimori, cuya hija Keiko Fujimori perdió el año pasado la elección presidencial frente a Castillo, está preso en una base policial en Lima, donde según sus médicos sufre de úlceras en el estómago, hipertensión, fibrosis pulmonar y ha pasado por varias operaciones en la lengua por lesiones cancerígenas.

El ex mandatario fue condenado como autor mediato de la matanza de 25 personas en los casos Barrios Altos en 1991 y el de la Universidad La Cantuta, en 1992, mientras su gobierno luchaba contra la guerrilla izquierdista Sendero Luminoso.

El abogado del ex mandatario, César Nakazaki, estimó que Fujimori podría dejar la prisión el lunes o el martes tras los trámites. “Acabo de conversar con el ex presidente”, indicó frente al penal. “Se ha emocionado, ha sentido gran alivio, era injusto que muriera en la cárcel”.

El primer ministro, Aníbal Torres, se mostró en contra de la decisión del tribunal porque dijo “garantiza la impunidad” y vulnera los derechos de los familiares de las víctimas.

“Se tiene que acatar, nadie está discutiendo eso, pero eso no quiere decir que no se puede criticar la sentencia porque afecta a los derechos fundamentales”, manifestó a la radio RPP. Una fuente había anticipado a Reuters la resolución del tribunal.

Grupos de izquierda convocaron protestas para ayer mismo. El primer indulto llevó a miles a salir a las calles.

Observadores y opositores habían denunciado que el perdón recibido por Fujimori había sido producto de una negociación política, porque el beneficio se le concedió poco después de que Kuczynski logró eludir su destitución en el Congreso, gracias al voto de legisladores vinculados al partido del ex mandatario.

Gisela Ortiz, ex ministra de Cultura y pariente de una de los fallecidos en una de las matanzas de la que se responsabiliza a Fujimori, repudió el fallo y afirmó que espera la reacción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Como familiares, sentimos que nuestro derecho ha sido atropellado”.

La Corte Suprema había anulado el acto de gracia a la sentencia de Fujimori tras considerar que hubo irregularidades en el proceso y que el beneficio carecía de razones jurídicas. Además, alegó que el político no sufría de una enfermedad terminal.

El recurso habeas corpus, el cual sostiene que la integridad y derechos constitucionales de Fujimori fueron vulnerados, fue presentado en 2020 por un abogado independiente que no forma parte de la defensa legal del ex mandatario.

Sus simpatizantes lo recuerdan como el profesor de matemáticas que llegó al poder, un líder de mano dura que salvó al país del terrorismo y una hiperinflación de 7 mil 500 por ciento. Sus detractores afirman que fue un déspota que disolvió el Congreso en 1992, juzgó a sus enemigos de movimientos insurgentes ante tribunales encapuchados y violó los derechos humanos para mantenerse una década en el poder.