Managua. El Parlamento de Nicaragua canceló ayer la personalidad jurídica de 25 organizaciones no gubernamentales, con lo que ya suman 137 de esos grupos suspendidos en el país, acciones que la oposición cataloga de una cruzada del gobierno del presidente Daniel Ortega contra la sociedad civil.
Las autoridades nicaragüenses han endurecido desde hace años sus políticas sobre la operación de ONG y universidades, y en los meses recientes varios opositores fueron encarcelados en el marco de los comicios que en noviembre determinaron la relección de Ortega, tildados de “farsa” por Estados Unidos y observadores comiciales de otros países.
Entre las asociaciones civiles que acaban de ser suspendidas se encuentra una que practicaba cirugías gratis a niños con labio leporino, una dedicada a la observación electoral y un centro de análisis del sector empresarial que realizaba estudios de impacto económico.
Acusan incumplimiento de obligaciones
Los diputados oficialistas argumentan que las ONG no rindieron cuentas del financiamiento que reciben ni actualizaron sus juntas directivas ante el Ministerio de Gobernación.
“El Cenidh condena enérgicamente la iniciativa orteguista de cancelación de la personalidad jurídica a 25 organizaciones de la sociedad que velan por la salud, la educación y los derechos civiles y políticos”, respondió el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos en un comunicado.
Desde 2018, cuando hubo una intensa oleada de protestas contra Ortega, la Asamblea Nacional, leal al mandatario, ha cancelado 137 ONG, la mayoría críticas al gobierno. Las acusa de incumplir las normas y de recibir financiamiento de otros países para conspirar contra el presidente.
Dos de las últimas clausuradas son la Fundación Chamorro, que no tiene actividades desde enero de 2021 y algunos de cuyos directivos están presos acusados de lavado de dinero y otros delitos, así como el Centro Humboldt, dedicado a elaborar estudios de impacto ambiental.
