Zacatecas, Zac., Cuando llegaron los delincuentes a la comunidad, en camionetas pick-up de doble tracción al poblado de Palmas Altas, municipio de Jerez, se presentaron como ingenieros y pidieron a los campesinos casas prestadas, porque supuestamente iban a reparar carreteras sacacosechas.

“Después de unas semanas vimos que andaban armados y luego nos dijeron que ya no querían a ninguna persona ahí, porque era una ‘zona de guerra’. Algunos en el rancho lo dudaban, pero empezaron a secuestrar gente y encontramos a dos desaparecidos en el forense. Entonces se salió toda la población”.

El relato es de Elías Inguanzo Caldera, delegado municipal de Palmas Altas, una de las 18 comunidades despobladas de la Sierra de Cardos donde las viviendas fueron saqueadas y ocupadas por integrantes de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, grupos criminales que tienen alrededor de dos años disputándose estos territorios.

En Palmas Altas “vivíamos 584 habitantes en 2020. Hoy ya no hay nadie. Los delincuentes nos sacaron”, recuerda indignado.

Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas refirieron que en los últimos seis meses los grupos criminales privaron de la libertad a nueve personas en Palmas Altas y a dos en Sarabia; además, asesinaron a ocho pobladores presuntamente por oponerse al despojo de sus propiedades en Juana González, Sauz de los Gracia, Ordóñez y Guadalupe Victoria.

También dañaron e inutilizaron más de 30 antenas de radiocomunicaciones, algunas repetidoras de radio y televisión, así como de telefonía celular. En algunas localidades derribaron transformadores de la Comisión Federal de Electricidad. Toda esa infraestructura, dijeron, la reinstalará la autoridad federal.

Esta semana el gobierno de México puso en marcha el Plan de Recuperación de Jerez y sus Comunidades. El Ejército Mexicano instaló tres destacamentos a fin de brindar seguridad a los habitantes de la Sierra de Cardos y alentar a más de 2 mil 500 desplazados de esa región a regresar a sus casas y retomar sus actividades agropecuarias “de manera urgente”.

En la región hay más de 2 mil hectáreas de huertos de durazno, y la cosecha el año pasado se pudrió porque nadie pudo recolectarla. Las pérdidas fueron millonarias y este año podría pasar lo mismo, advirtieron lugareños.

Aunque las fuerzas armadas ya están desplegadas en la región, persiste el temor entre los desplazados; muchos no pueden retornar porque sus viviendas quedaron destruidas a causa de los enfrentamientos con armas de alto poder y granadas.

En la calle Loma Linda, en Sarabia, vivía Juanita Ramírez con su familia. Su casa sirvió de refugio para los sicarios que enfrentaron a elementos del Ejército el pasado 21 de febrero; ahí murió un elemento de la Guardia Nacional y dos militares fueron heridos.

Puertas, ventanas, paredes y el techo de lámina quedaron perforados por las ojivas de plomo. En prácticamente todas las habitaciones hay restos de sangre. No es la única casa baleada y saqueada.

Desde esa fecha la Secretaría de la Defensa Nacional intensificó sus operaciones. Desmanteló algunos narcocampamentos, decomisó un arsenal de casi 5 mil cartuchos para armas de grueso calibre, incluso calibre .50, de fusiles Barrett, y decomisó automóviles modificados para imitar los utilizados por las fuerzas federales, a fin de engañar a rivales y a ciudadanos.