Washington. El Centro para el Desarrollo Global (CGDEV) afirmó este viernes que el enorme aumento de los precios de los alimentos y la energía provocado por la invasión rusa de Ucrania empujará a más de 40 millones de personas a la pobreza extrema, y advirtió en contra de frenar las exportaciones y aplicar sanciones a la producción rusa de alimentos.

En un blog de análisis, el centro de estudios con sede en Washington dijo que los precios de los productos alimentarios desde el inicio del conflicto han subido por encima de los picos de precios de 2007 y 2010.

Además, citó la investigación del Banco Mundial que muestra que el pico de 2007 puede haber empujado hasta 155 millones de personas a la pobreza extrema, y otra investigación que muestra que el episodio de 2010 empujó a 44 millones a la pobreza extrema.

“Los aumentos de precios observados hasta la fecha son ya de una magnitud similar a los de 2010, y nuestro análisis sugiere que al menos 40 millones de personas se verán empujadas a la pobreza extrema por el pico de precios de 2022”, escribieron los investigadores del CGDEV.

El Banco Mundial define la pobreza extrema como tener que vivir con menos de 1.90 dólares al día.

Los investigadores señalaron que la preocupación más inmediata es para los clientes directos del trigo de Ucrania y Rusia, que en conjunto representan más de una cuarta parte de las exportaciones mundiales de trigo.

Entre ellos están Egipto, Indonesia, Bangladés, Pakistán, Azerbaiyán y Turquía, pero los precios subirán en todo el mundo en la medida que los importadores compitan por los suministros.

Los hogares de los países de bajos ingresos destinan casi la mitad de su presupuesto a la alimentación, y el aumento de los precios obligará a “tomar decisiones difíciles entre los alimentos y otras necesidades”.

El blog del CGDEV instó a las agencias de desarrollo y a las instituciones financieras internacionales a actuar con rapidez para responder a un claro aumento de las necesidades humanitarias en todo el mundo, y a los gobiernos ricos a proporcionar financiación suplementaria a instituciones con suficiente antelación a la próxima crisis alimentaria.