En el caso de que la alcaldía Cuauhtémoc cumpla 60 días sin titular, el Congreso de la Ciudad de México podría someter a Sandra Cuevas a un proceso de juicio político para destituirla del cargo.
Luego de que una juez de control mantuvo la suspensión de funciones a Cuevas los próximos dos meses, diputados de Morena explicaron que se analizarían dos vías para garantizar la gobernabilidad en la demarcación: el nombramiento de la comisión jurisdiccional para el juicio político y la designación de un alcalde interino mediante una terna propuesta por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el llamado al Instituto Electoral local para que convoque a una elección extraordinaria.
La Ley del Congreso local establece que la comisión jurisdiccional se integrará con todos los grupos parlamentarios y conocerá los casos de juicio político, de remoción, separación, pérdida del encargo o cualquier otro análogo.
El artículo 65 constitucional marca que los casos de juicio político deberán ser dictaminados en un plazo no mayor a 30 días. En su sustanciación se citará a comparecer a la persona acusada, y posteriormente el pleno determinará la resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión si ha lugar a separarla del cargo.
La sanción consiste en la destitución de la persona servidora pública y su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. Además, todas las resoluciones son inacatables.
No obstante, fuentes del Congreso indicaron que el juicio político no es necesario, ya que sólo basta que no haya alcalde durante 60 días naturales para sustituir a Cuevas, de conformidad con la Ley de Alcaldías local.
Ayer, por falta de quórum se suspendió la sesión del Congreso debido a la ausencia en el recinto del grupo de Morena y sus aliados, segunda ocasión en sólo 10 días.
Legisladores de oposición acusaron a Morena de abandonar el pleno para rehuir al debate en temas como el oficio enviado por la alcaldesa Sandra Cuevas para notificar que se separaba del cargo por un periodo de 15 días, pero evadieron opinar sobre la legalidad de dicho acto al estar impedida por mandato jurisdiccional para realizar funciones de gobierno.
