Monterrey, NL., El ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón fue vinculado anoche a proceso por un juez de control durante la audiencia inicial, que continuaba al cierre de la edición. La diligencia empezó minutos después de las 16 horas, de forma virtual y sin acceso a los medios de comunicación, por petición de la defensa de El Bronco.

Después de un receso, casi a las 23 horas se informó que el juez de control Carlos Salas González encontró suficientes elementos para vincular a proceso al ex mandatario, por lo que la audiencia continuó para dictaminar las medidas cautelares a las que se deberá someter al político detenido el martes en el municipio de General Terán.

En la audiencia participaron, desde el Palacio de Justicia, en Monterrey, Salas González, así como integrantes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León (­Fedenl) y Rodríguez Calderón y su defensa, de manera remota, desde una sala habilitada en el penal 2 de Apodaca, donde El Bronco se encuentra recluido.

La Fedenl, de acuerdo con lo expuesto en la audiencia, cuenta con elementos para acusar al ex gobernador “por su probable participación en hechos con características de delitos electorales”, infracciones que según el Código Penal Federal y la Ley General en Materia de Delitos Electorales ameritan prisión preventiva oficiosa.

Sin embargo, ni la Fedenl ni el gobierno del estado, así como tampoco la defensa de Jaime Rodríguez han precisado de qué delitos se acusa al ex mandatario; presuntamente la orden de aprehensión se ejecutó a partir de que habría utilizado a funcionarios estatales y recursos públicos para conseguir las firmas que se requerían para competir en las elecciones presidenciales de 2018 como candidato independiente.

Alrededor de las 22 horas, a través de redes sociales, el gobernador Samuel García, del partido Movimiento Ciudadano, advirtió que “un nuevo comienzo implica no tolerar la corrupción, no permitir la impunidad y que se haga justicia. Hoy dimos un paso importante para lograrlo.

“Si alguien, quien sea, violó la ley y abusó de la confianza de las y los neoleoneses, tendrá que rendir cuentas y pagar las consecuencias”, sentenció.

Por la mañana, el abogado Víctor Olea Pérez, quien encabeza el equipo jurídico que defiende al ex mandatario, declaró que los delitos que se imputan a El Bronco no requerían prisión preventiva oficiosa, por lo que buscaban su libertad.

Incluso, el equipo jurídico promovió cuatro amparos, de los cuales tres no han sido resueltos y en uno el juzgado primero de distrito en materia penal pidió hacer unas aclaraciones en el documento.

La Ley General en Materia de Delitos Electorales contempla prisión preventiva oficiosa cuando un funcionario solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza presione a otro a asistir a eventos proselitistas o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma.