La detención de Jaime Rodríguez, ex gobernador de Nuevo León (conocido como El Bronco), fue una decisión del gobierno estatal y el federal no tiene nada que ver en ese asunto, dijo a la prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador.
También se manifestó ajeno al caso en que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, acusa a su ex cuñada –y a la hija de ésta– por el fallecimiento de su hermano Federico.
En conferencia de prensa, el mandatario expresó su molestia por las fotografías del ex gobernador tomadas dentro del penal y luego divulgadas en medios de comunicación y redes sociales, porque no se trata de un asunto jurídico, sino de una circunstancia en la que se involucran el honor y la dignidad.
“Como decía el Quijote, por la libertad y por la dignidad se puede arriesgar hasta la vida. Lo que hicieron con el presidente de Honduras, que lo encadenan, esas cosas no se deben permitir. Entonces, no me gustaron las fotos y ojalá no vuelva eso a suceder”, señaló.
El Presidente indicó que se trata de un asunto de Nuevo León, entidad autónoma de la cual respeta sus decisiones.
También se pronunció en favor de que en éste como en todos los casos no se use la ley para venganzas políticas y tampoco se fabriquen delitos. Para abatir la impunidad, indicó, se debe establecer el proceso de manera transparente.
El caso de El Bronco fue mencionado por el mandatario y, más adelante, respondió preguntas acerca del proceso penal promovido por el fiscal general. Recalcó que, a diferencia del pasado, ahora la fiscalía es independiente, más en una controversia en la que hay dos versiones relacionadas con las circunstancias del fallecimiento de Federico Gertz.
Ante la filtración de audios de llamadas telefónicas del fiscal –en los que revela que tuvo acceso a un proyecto de sentencia de la Suprema Corte relacionado con el caso en que él es la parte acusadora–, el Presidente sugirió que los involucrados, afectados e incluso los propios ministros presenten una demanda por presuntas irregularidades en el trabajo de Gertz.
Subrayó que el fiscal antes era empleado del Presidente de la República, pero ahora tanto la fiscalía como el Poder Judicial tienen autonomía.
“Pues que los afectados lo hagan, que presenten denuncia, pero yo no puedo pronunciarme (…), los propios ministros deben abrir una investigación o los que se sientan afectados por esas llamadas, y que una autoridad resuelva. Yo no tengo esa facultad”, remarcó.