Ciudad de México. Diversas organizaciones y colectivos de familiares de personas desaparecidas denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las deficiencias y omisiones del Estado mexicano en la atención en el derecho a la salud de quienes han sido víctimas indirectas de este flagelo.

En una audiencia pública, manifestaron que un número no menor de los familiares padecen enfermedades derivadas de la desaparición de su ser querido, como diabetes, hipertensión y problemas sicosociales, pero son pocos los que reciben atención por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Al respecto, la comisionada de la CIDH, Julissa Mantilla, aseguró que la dimensión de la crisis de desaparecidos en México “es atroz”, si se considera que el tener más de 99 mil 150 personas desaparecidas significan por lo menos la misma cantidad de familias afectadas, que pueden estar integradas por dos o cuatro individuos.

El investigador Carlos Beristain expuso que la desaparición forzada, en términos sicosociales, “es un duelo permanente, incierto”, en el que los familiares de las víctimas no pueden tener un proceso habitual “porque desconocen la historia, la verdad, el destino de su ser querido”. Además, indicó, el impacto psicológico es múltiple y lo que se observa “es una enorme frecuencia de casos de síntomas depresivos y de depresiones” asociadas a su condición; asimismo, dijo, se presentan problemas somáticos, “molestias, afectaciones de salud pocos definitivos, consumo de sustancias”, entre otros.

Eliana García, quien habló a nombre de las organizaciones, expuso que un estudio elaborado por Idheas. Litigio Estratégico en Derechos Humanos, en el que participaron 155 personas, arrojó que el 78.7 por cieno dijo haber desarrollado enfermedades crónicas a raíz de la desaparición de su familiar. Y de 73 que acudieron a la Ceav federal o estatal, 45 por ciento de ellas a solicitar apoyo, sólo 25 por ciento recibieron una respuesta favorable.

Indicó que otro estudio mostró en el que participaron 2 mil personas que encabezan núcleos familiares, 460 señalaron que presentaron enfermedades.

En su participación, la titular de la Ceav, Yuriria Rodríguez, aseguró que el Estado reconoce la desaparición y desaparición forzada “como una grave violación a los derechos humanos de naturaleza múltiple”, y genera una serie de afectaciones a las familias, las cuales -subrayó- “deben de ser tratadas no solamente por una instancia como la Ceav, sino deben ser atendidas y acompañadas por el sistema nacional de atención a víctimas, que es la instancia superior de coordinación para la atención integral a las víctimas en los ámbitos tanto local, federal y municipal”.

Indicó que a partir del momento que fue nombrada como comisionada ha buscado la manera en que se flexibilicen las medidas de ayuda por concepto de apoyo médico. E insistió en la importancia de que se involucren tanto la Federación, estados y municipios.

Por parte del Estado, representantes de Gobernación aceptaron la propuesta de las organizaciones de que se realice una mesa técnica de expertos en materia de salud, médica, de atención sicosocial para atender el derecho a la salud de los familiares de víctimas de desaparición.

El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández, destacó que frente a las cerca de 100 mil personas desaparecidas en el país, “estamos ante un caudal masivo de sufrimiento inenarrable. Reflejo de una dimensión, de un flagelo que sólo de manera reciente ha sido reconocido por algunas autoridades, particularmente en la esfera de la administración pública federal”.