Ciudad de México. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) se apresta a presentar ante la Fiscalía General de la República (FGR) una serie de denuncias por posibles daños al erario contra funcionarios de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Diconsa y Liconsa.

Como ha publicado La Jornada, con anomalías en el gasto por más de cinco mil 640 millones de pesos, Segalmex es la entidad del gobierno federal con mayores posibles irregularidades detectadas en la Cuenta Pública 2020 por la ASF.

Si a esto se suman los casi tres mil millones de pesos de posibles irregularidades observadas por en la fiscalización hecha a Diconsa y Liconsa, estas tres empresas que se fusionaron al inicio del sexenio en el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador para garantizar el abasto nacional de alimentos básicos, las irregularidades en de este ámbito superan los 8 mil 600 millones de pesos y son casi el 40 por ciento de todas las anomalías encontradas por la ASF en el gasto del gobierno federal en 2020 que suman poco más de 21 mil millones de pesos.

“En 2020 tenemos irregularidades graves, como las de Segalmex y sus dos empresas, Liconsa y Diconsa, que merecen que la ASF se sume a las denuncias que ya están presentadas” por los posibles actos de corrupción detectados en estas entidades encabezadas por Ignacio Ovalle Fernández, afirmó este jueves la auditora especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, Claudia Maria Bazúa, responsable de la fiscalización que la ASF hace al gobierno federal.

La ASF cuenta con “elementos muy importantes” para sustentar las denuncias que muy probablemente presentar, porque los funcionarios de Segalmex “no tienen para dónde hacerse” para solventar las irregularidades documentadas por las auditorías practicadas en la fiscalización de la Cuenta Pública 2020, dijo Bazúa en una reunión de trabajo con la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, de la que depende la ASF.

La auditora sostuvo que las revisiones practicadas, entre ellas una auditoría forense que fiscaliza a profundidad el ejercicio de recursos en estas empresas, dio como resultado que hoy “tenemos muchísimos elementos que nos hacen presumir el daño al erario público”.

“Hicimos las auditorías a Segalmex, Diconsa y Liconsa y encontramos estas irregularidades, simultáneamente la Secretaría de la Función Pública detectó irregularidades en la operación de estas entidades, y determinaron los cambios de los directivos” de las empresas, dijo Bazúa.

Cuestionada por los diputados sobre qué acciones propondría la ASF para mejorar el desempeño de Segalmex, Diconsa y Liconsa, consideró que la Auditoría Especial de Desempeño de la ASF que deberá intervenir para que se pueda determinar qué mejoras puede haber en estas instituciones a partir de los hallazgos hechos en la fiscalización.