San Cristóbal de Las Casas, Chis. La diócesis de San Cristóbal y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), entre otras agrupaciones, exigieron al Estado mexicano “garantizar la vida, seguridad e integridad personal” del sacerdote Presbítero Matías Rodríguez Jiménez, párroco de Chicomuselo, quien ha recibido amenazas.

En un comunicado firmado por más de 30 organizaciones, entre ellas la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), dijeron que el martes a las 16 horas, aproximadamente, el religioso “se dirigía al vecino municipio de Frontera Comalapa y a la altura de Paso El Limón se percató de que lo seguían tres personas a bordo de motocicletas”.

Añadieron que “a pocos kilómetros se unieron dos personas más que le cerraron el paso, por lo que se detuvo, momento en el cual se acercaron tres sujetos a golpear su carro y diciendo: ‘Sabemos quién eres y a lo que te dedicas, ¡cuídate!’”.

Señalaron que “después de los golpes al vehículo, las amenazas, gritos y ofensas se subieron a sus motocicletas y se regresaron sobre la carretera hacia Chicomuselo”.

Expresaron que “que en meses anteriores notamos que en el domicilio de la casa parroquial había una presencia constante de motociclistas sin identificación y en más de una ocasión el padre Matías los descubrió espiando hacia adentro de la casa por la rendija del portón”.

Los firmantes de la denuncia destacaron “la labor del padre Matías en la defensa de los derechos humanos, de la tierra y el territorio y de todo acto que vulnera la dignidad de las personas y el bien común”.

Recordaron que Matías recibió la parroquia San Pedro y San Pablo, con sede en Chicomuselo, situado en la sierra del estado, el 28 de septiembre de 2020 y “desde su llegada ha continuado acompañando la lucha del pueblo por la defensa del territorio frente a las empresas mineras, la venta ilegal de bebidas alcohólicas, del programa Moscamed, la violencia contra las mujeres, la militarización, la inseguridad y la remunicipalización”.

Además de proteger la vida del sacerdote, las agrupaciones demandaron garantizar la seguridad de “todas las personas defensoras de derechos humanos que trabajan en la región por la vida y seguridad de los pueblos, otorgando las medidas precautorias y cautelares que salvaguarde la vida, así como investigar eficazmente el esclarecimiento de los hechos”.

Subrayaron: “Frente a la inseguridad y el aumento de la violencia en la región también hacemos responsable al Estado mexicano de cualquier ataque o agresión a las personas defensoras de derechos humanos que trabajan en esta zona”.