Conforme se acerca el momento en el que la Cámara de Diputados resuelva sobre la iniciativa de reforma constitucional de los artículos 25, 27 y 28, que recupera la rectoría estatal en la cadena eléctrica, se repiten opiniones que señalan que de aprobarse habrá graves impactos en el crecimiento económico no sólo inmediato, sino que se alargarán a mediano y largo plazos. Este tipo de posicionamientos aparece, por ejemplo, en las previsiones sobre el desempeño de nuestra economía en el primer semestre de 2022 expresadas en una reunión de análisis prospectivo que convoca semestralmente la afore Profuturo, en la que participan “economistas en jefe” de seis intermediarios financieros internacionales (JP Morgan, Bank of America, Barclays, Oxford Economics, BBVA y Santander).
Interesa esta opinión porque se inserta en la campaña que existe para tratar de que los diputados y senadores de oposición mantengan una posición contraria a la reforma eléctrica. Si esto ocurriera, Morena y sus aliados no lograrían reunir la mayoría calificada de votos que requieren para aprobar cambios constitucionales. No es extraño que analistas de las intermediarias financieras se reúnan para comparar sus predicciones sobre el comportamiento futuro de nuestra economía. Ni tampoco es raro que se promedien estas estimaciones. De hecho, el Banco de México publica mensualmente los resultados de una encuesta sobre las expectativas de los expertos en economía del sector privado.
Lo interesante es la manera en la que, junto con la expresión de estas expectativas de crecimiento del PIB, inflación, inversión, tipo de cambio y otros, que se publican y promedian para encontrar lo que “opinan los mercados”, aparezca entre el listado de riesgos, que pudieran hacer que los pronósticos entregados para las principales variables macroeconómicas no se cumplieran, justamente por el impacto de la aprobación de la reforma eléctrica. En esa reunión convocada por Profuturo, se hace un examen de riesgos para la economía que reconoce los siguientes: el de la aprobación de la reforma eléctrica, el escaso dinamismo de la inversión y, por supuesto, el de la inflación que se ha complicado a nivel global.
Del lado de los aspectos a favor en nuestra economía, estos economistas reconocen que la situación fiscal mantiene una expectativa positiva en la que el manejo presupuestal y de la deuda permiten afirmar que no hay riesgo de perder el grado de inversión, lo que significa que el refinanciamiento de los próximos compromisos de pago podrá hacerse cómodamente y a mejores tasas y plazos. Reuniendo riesgos y fortalezas, este grupo de financieros presenta una mediana de crecimiento del PIB de 2 por ciento para este 2022, que disminuye un punto porcentual la mediana esperada hace seis meses de 3 por ciento.
Más allá del número, lo cierto es que nuestra economía mantiene una trayectoria que no permitirá recuperar los niveles anteriores. Recordemos que en 2019 la economía decreció 0.1 por ciento respecto a 2018, luego en 2020 hubo una fuerte caída 8.2 y en 2022 la recuperación de 5 por ciento fue menor a la prevista por el gobierno y menor a lo requerido para recuperarnos verdaderamente. Con la estimación para 2022 de un posible crecimiento de 2 por ciento, al finalizar este año nuestra economía será casi 3 por ciento menor a la que teníamos en 2018.
En este escenario, las advertencias sobre los impactos negativos de la aprobación de la reforma eléctrica buscan ser una razón para que la propuesta del Ejecutivo en la materia se suavice. El propio reporte de Profuturo indica que esos intermediarios financieros estiman que se aprobará una versión diferente a la propuesta, que “no ponga en riesgo la relación bilateral con Estados Unidos”. Esta obvia intervención en el debate parlamentario sobre la reforma eléctrica no sólo afirma que habrá un menor crecimiento a mediano y largo plazos, lo que resulta fuerte si se atiende al desempeño del PIB entre 2019 y 2021, sino que, además, de aprobarse esta iniciativa estará en riesgo la relación con Estados Unidos.
Sin embargo, es poco probable que estos señalamientos hagan que se modifique la iniciativa eléctrica. El punto fino es si la bancada de Morena y sus aliados logrará sumar los votos necesarios en la Cámara de Diputados y en el Senado para alcanzar la mayoría calificada. Este posible apoyo de diputados de bancadas de la oposición tendrá, por supuesto, un costo significativo. Para reconocer estos costos de transacción parlamentarios, tendrán un papel importante los márgenes de maniobra existentes en la deuda pública y en la conducción presupuestal. Estos márgenes son precisamente los factores positivos que reconocen los analistas financieros y que pudieran permitir que la reforma finalmente se apruebe.
