Ciudad de México. Frente al incremento de la violencia digital, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demandó a las autoridades en los tres niveles de gobierno, movilizar esfuerzos y recursos para prevenir, investigar y sancionar este tipo de agresiones, cuyas víctimas son, sobre todo, niñas, adolescentes y mujeres.

En un comunicado, llamó a que se lleve a cabo una armonización normativa acorde con las normas internacionales, y a toda la sociedad a no tolerar ni minimizar ningún ataque o agresión contra las niñas, adolescentes y mujeres, a denunciar estos actos ante las autoridades competentes.

A su vez, pidió a las autoridades que capaciten y evalúen a las personas servidoras públicas encargadas de atender a las víctimas de violencia digital para llevar a cabo investigaciones diligentes y eficaces, con sensibilidad y empatía, que contribuyan a su protección real. En ese sentido, alertó que la violencia de género contra las mujeres que se ha generado a través del uso de las redes sociales se ha vuelto, día con día, una problemática.

Refirió que de acuerdo con la herramienta virtual Misoginia y violencia lingüística en las redes sociales, creada por el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (Centro Geo) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la proporción de comentarios de contenido misógino en la red social Twitter está presente en todas las entidades federativas, siendo Tamaulipas, Veracruz, Campeche, Colima, Sinaloa y Sonora los estados con mayor incidencia, con porcentajes que van del 13.7 al 18.1 por ciento.

En segundo lugar, están Chihuahua, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo y Tabasco con una proporción del 12.6 al 13.7 por ciento de comentarios de este tipo. Después aparecen Durango, Nayarit, San Luis Potosí, Querétaro y Puebla con números del 12.1 al 12.6 por ciento.

La CNDH explicó que ONU Mujeres define a la violencia digital como “aquella que se comete y expande a través de medios digitales como redes sociales, correo electrónico o aplicaciones de mensajería móvil, y que causa daños a la dignidad, la integridad y/o la seguridad de las víctimas”. Algunas de sus formas son: monitoreo y acecho, acoso, extorsión, desprestigio, amenazas, suplantación y robo de identidad, así como abuso sexual relacionado con la tecnología, entre otras.

Advirtió que el anonimato de las y los autores aumenta la impunidad y el temor de las víctimas, generando sensaciones de inseguridad y angustia, y obligándolas a abandonar el espacio digital.

Además, también reconoció que las defensoras de los derechos humanos, las periodistas, las activistas y las mujeres que participan en actividades públicas son objeto de ataques sistemáticos como amenazas, acoso y hostigamiento e incluso, son víctimas de homicidio debido a la labor que desempeñan.

La Comisión Nacional indicó que aunque no existen suficientes datos para dimensionar la violencia en el entorno digital, se estima que el 90 por ciento de las víctimas de la distribución digital no consensuada de imágenes íntimas son mujeres, siendo las jóvenes de entre 18 a 24 años quienes tienen mayor probabilidad de sufrir acoso sexual y amenazas en línea.

En México, considerando la brecha digital de género, las mujeres y las niñas “corren un mayor riesgo de sufrir estas formas de violencia, ya que el 51.6 por ciento de las personas usuarias de internet en nuestro país son mujeres. Alrededor de 9.4 millones de mujeres en el país sufren ciberacoso, es decir, 23.9 por ciento de la población de 12 años y más que utilizó internet en 2019. La mayoría de las veces, el acoso es cometido por personas que las víctimas conocen”, señaló.

Los grupos de niñas, adolescentes y mujeres pertenecientes a minorías étnicas, indígenas, lesbianas, bisexuales y transgénero, así como mujeres con discapacidades son las víctimas más frecuentes de la violencia digital.

También, recordó que como efecto de la pandemia de Covid-19, aumentó el uso del internet entre un 50 y un 70 por ciento, lo que ha derivado en la identificación de casos de recepción de videos pornográficos no solicitados que se muestran mientras las mujeres participaban en eventos sociales en línea; amenazas y contenido sexista dañino, zoombombing (intrusión no deseada) durante videollamadas que muestran material sexualmente explícito o con contenido que incita a la violencia y el odio, ataque de “troles” o “doxing”.

Finalmente, destacó que la violencia de género que se ejerce contra niñas, adolescentes y mujeres es una de las violaciones a derechos humanos más graves, recurrentes y lacerantes, por lo que el Estado y sus autoridades, pero también las empresas y organizaciones privadas, deben implementar mecanismos para prevenirla, investigarla y sancionarla, con perspectiva de género, de derechos de la niñas, niños y adolescentes, interseccionalidad y con enfoque integral.