Entre peticiones de periodistas y defensores de derechos humanos nayaritas para que se garantice su protección frente a amenazas y riesgos, así como la expresión de su desconfianza en las corporaciones policiacas estatales y municipales, el responsable del mecanismo de protección para ambos grupos, Enrique Irazoque, señaló que en los primeros tres años del sexenio la cifra de reporteros y activistas que se han acogido al instrumento aumentó 100 por ciento, al pasar de 758 (en 2018) a mil 518.
En el cuarto foro regional, que recoge testimonios y propuestas para elaborar la ley general que proyectará este mecanismo a instancia nacional, a fin de superar su carácter federal, Irazoque (también titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación) destacó que al término de 2022 el gobierno federal le habrá canalizado mil 600 millones de pesos y para 2024 se habrán asignado 2 mil 600 millones.
Alertó que “el mecanismo está funcionando con dinero, pero esto no se resuelve sólo con eso. Se requiere visión de Estado, y a partir de esto aprovechar las capacidades institucionales, incluidas las fiscalías generales, para potencializar las acciones. El mecanismo fue un instrumento extraordinario que no pretendía suplir a todo el Estado mexicano, pero con el tiempo pasamos de ser una instancia extraordinaria a una ventanilla única, con repercusiones importantes”.
Periodistas y defensores de derechos humanos cuestionaron que se elabore una nueva ley, pues en Nayarit existe una que no ha sido instrumentada a cabalidad, en una entidad donde un ex gobernador (Roberto Sandoval) y un ex fiscal general de justicia (Édgar Vieytia) están presos por presuntos nexos con el crimen organizado, así como Jorge Ramón Marmolejo, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, presuntamente involucrado en la trama de defraudación a beneficiarios del Infonavit.
Alejandra Pérez, de Familias Unidas por Nayarit, demandó garantías de protección a activistas en un estado con semejante pasado. “Acudimos al mecanismo porque en el estado no hay confianza. Tenemos temor por nuestras vidas, nos sentimos perseguidas. No tenemos garantías y no les tenemos confianza. Desde que fuimos víctimas de desaparición forzada estamos en riesgo, somos parte de un sector con graves violaciones a sus derechos, estamos en el ojo de huracán”.
