Monterrey, NL. El ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón (2015-2021) fue detenido ayer por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León (Fedenl), acusado de cometer delitos electorales en 2018, por lo que fue recluido en el penal de Apodaca, donde permanecerá mientras un juez de control define su situación jurídica.

El arresto de El Bronco se realizó al mediodía en un rancho del municipio de General Terán, 100 kilómetros al sur de Monterrey, en un operativo en el que participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y de la Fuerza Civil, informó la Fedenl.

Los uniformados lo trasladaron a las instalaciones de la AEI, en la capital del estado, donde fue fichado y cerca de las 15:15 horas ingresó al área 2 del penal de Apodaca, construido e inaugurado durante su administración.

Rodríguez Calderón, el primer político en asumir una gubernatura de manera independiente, es investigado desde 2018 con base en una denuncia que interpuso el emecista Samuel García Sepúlveda, en ese entonces legislador y actualmente mandatario del estado.

En la querella se le señaló por presuntamente haber utilizado a funcionarios estatales y recursos públicos para conseguir las firmas que se requerían para competir en las elecciones presidenciales de ese año como candidato independiente.

En su cuenta de Twitter, García Sepúlveda escribió: “Ser incorruptibles empieza por no robar, por castigar a los que robaron y desviaron el dinero de Nuevo León a sus campañas. Y aquí ya empezamos”. También subió un video en el que manifiesta que “quien la hizo la paga, quien robó o desvió recurso público a sus amigos, a sus sobrinos, a sus favoritos o a campañas, va a ir a la cárcel”.

Mientras, en Instragram, el gobernador publicó: “Cuatro años y cuatro meses tardamos, pero al fin LO LOGRAMOS #BroncoFirmas”.

El artículo 412 del Código Penal Federal estipula: “se impondrá prisión de dos a nueve años al funcionario partidista o a los organizadores de actos de campaña que, a sabiendas, aprovechen ilícitamente fondos, bienes o servicios… En la comisión de este delito no habrá el beneficio de la libertad provisional”.

En tanto, la Ley General en Materia de Delitos Electorales contempla prisión preventiva oficiosa cuando un funcionario “solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza presione a otro a asistir a eventos proselitistas o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma”.

Además, establece que “se sancionará a quien amenace con suspender los beneficios de programas sociales, ya sea por no participar en eventos proselitistas, o bien, para la emisión del sufragio en favor de un candidato, partido político o coalición; o a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar en favor de un candidato, partido político o coalición”.

Rodríguez Calderón es el segundo de los abanderados de la contienda presidencial de 2018 que es investigado por las autoridades. A Ricardo Anaya, quien contendió por el PAN, se le acusó en agosto pasado de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego de que Emilio Lozoya, ex director Pemex, lo denunció ante la Fiscalía General de la República por recibir dinero a cambio de aprobar la reforma energética de Enrique Peña Nieto, cuando se desempeñó de diputado federal.

Al cierre de la edición, ninguna autoridad había dado a conocer cuándo se realizaría la audiencia inicial contra El Bronco.