Con el aval de todas las fuerzas políticas, el Senado ratificó el Tratado de Pekín sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, adoptado el 24 de junio de 2012. Se trata, dijo la senadora de Morena Susana Harp, de “un instrumento internacional deprimer orden para garantizar los derechos de autor y brindar a los artistas la oportunidad de gestionar y negociar en mejores condiciones el reconocimiento a su trabajo”.
Presidenta de la Comisión de Cultura del Senado, Harp precisó que con la ratificación artistas, intérpretes y ejecutantes mexicanos adquieren una condición de equidad respecto de la producción, distribución, alquiler y derecho sobre la disposición directa o en demanda de su trabajo, al igual que los artistas de otros países, en especial, frente a las corporaciones de comunicación y sistemas de streaming.
El Tratado de Pekín debe entenderse como el reconocimiento pleno a los derechos conexos de los actores y artistas de diversas disciplinas sobre su participación en cine, telenovelas, documentales, doblajes, videos, elaboración de guiones, animaciones, series y demás formas de intervención que se transmiten por medios tradicionales, nuevas plataformas y redes digitales.
Beatriz Paredes, senadora del PRI, resaltó que este tratado se ubica en el marco del esfuerzo del legislador internacional para solucionar la paradoja de difusión masiva del arte que da posibilidad de acceso generalizado a obras artísticas mediante la tecnología.
Los artistas, añadió Paredes, al mismo tiempo que aspiran a la divulgación masiva, continental o universal, tienen el legítimo derecho de defender los ingresos por sus obras y el patrimonio por su trabajo como creadores.
La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África, la senadora petista Cora Cecilia Pineda, al presentar el dictamen al pleno, señaló que este instrumento tiene por objeto desarrollar y mantener la protección de los derechos de artistas, intérpretes o ejecutantes respecto a sus obras audiovisuales de la manera más eficaz y uniforme posible, reconociendo la necesidad de introducir nuevas normas internacionales que permitan soluciones adecuadas a los retos derivados de la evolución económica, tecnológica, social y cultural en el mundo.
El documento se remitió al Ejecutivo federal para su publicación el Diario Oficial de la Federación.
