En víspera de que el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas emita el informe final de su visita a México, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, confirmó que México acatará en sus términos las recomendaciones pues existe la convicción de la importancia de la colaboración internacional para superar este problema que es prioritario para este gobierno.
Durante el conversatorio A 10 años del primer informe sobre desaparición en México, admitió que pese a los avances legales, existen reticencias importantes en las fiscalías y el Poder Judicial: “la impunidad que hay involucra no sólo a las fiscalías, sino también a los jueces. No es posible tanta lentitud y a veces corrupción del Poder Judicial”. Citó el caso en Tamaulipas sobre el juez Samuel Ventura Ramos, que ha liberado a 78 personas vinculadas a la desaparición de los normalistas en Ayotzinapa.
“Son cosas que tienen que modificarse, no sólo la barbaridad de pedir que se presente una persona desaparecida para ratificar su solicitud de amparo. Es la forma que están actuando los jueces, en pleno anonimato e impunidad”. Agregó que, en la actualidad, la desaparición forzada está asociada al crimen organizado y, en algunos casos, vinculada a las autoridades a nivel municipal.
Después de describir ante representantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México de Naciones Unidas, Encinas reivindicó acciones puntuales pero asumió que ha sido compleja la instrumentación.
Consideró que la reforma impulsada desde la Fiscalía General de la República representó una regresión en el marco legal para las víctimas. “Hemos tenido tensiones innecesarias con la FGR para que cumpla con su responsabilidad de búsqueda en los casos de denuncias de desaparición forzada e incluso debatir el derecho o no a ser buscadas”.
Destacó la importancia de la creación de la Comisión de la Verdad para el esclarecimiento de la guerra sucia, subrayando que, a diferencia del pasado donde se negaba la existencia de la desaparición forzada, ahora hay un reconocimiento de lo sucedido. “En los temas vinculados con memoria y archivos donde tendrán que abrirse los cuarteles militares, los archivos militares, todos aquellos expedientes que nos permitan avanzar en encontrar la verdad”.
Encinas aceptó que la gran asignatura pendiente es la impunidad, porque en un país con 98 mil 800 desaparecidos solamente hay 35 sentencias en esta materia.
