De nueva cuenta la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó a la Presidencia de la República retirar de sus redes sociales el contenido de la conferencia matutina del 7 de marzo durante la cual el secretario de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos, y el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, resaltaron logros del gobierno en el periodo prohibido por la veda electoral por el proceso de revocación de mandato.
Al otorgar las medidas cautelares solicitadas por el PRI y el PAN, los consejeros las consideraron procedentes de manera unánime. En este contexto, Claudia Zavala criticó las recurrentes violaciones a la ley y la Constitución por parte de servidores públicos: “No puede ser que en una democracia quienes protestaron cumplir la Constitución no se sometan a la Constitución. Es algo muy peligroso en la democracia, podemos no estar de acuerdo en decisiones y leyes, pero cuando son vigentes se cumplen. Estamos obligados a hacerlo”.
Destacó que todas las medidas cautelares que ha dictado la comisión han sido confirmadas por la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al ratificar la violación a las leyes. Sin embargo, se han reiterado las conductas “no por desconocimiento, sino con pleno conocimiento, se ha dado la reiteración de las conductas que vulneran la ley”.
La consejera Adriana Favela coincidió en criticar la violaciones a la legislación, pues las quejas en las que el INE ha aprobado medidas cautelares por denuncias que involucran al Presidente, gobernadores y senadores que apoyan la Cuarta Transformación, se desprenden resoluciones que ordenan el cumplimiento de las restricciones contenidas en la ley y la Constitución.
Durante lo que va del proceso de revocación de mandato, refirió el consejero Ciro Murayama, se han emitido ya 13 medidas cautelares por violaciones a la legislación vigente por parte de servidores públicos. Estas acciones son precautorias para que no se afecte el proceso de revocación de mandato y haya daños irreparables porque puede haber un impacto a la credibilidad y legalidad del proceso por parte de servidores públicos.
