La discusión sobre la formulación de los planes y programas de estudio ha resultado más compleja de lo que se esperaba: los procesos se han visto manchados por señalamientos de opacidad, simulación y de una gran deficiencia pedagógica.
Aunque las autoridades educativas digan lo contrario, los hechos señalan que no es así.
Veamos la forma y el fondo.
Han presentado un documento que, según la Secretaría de Educación Pública (SEP), es resultado de mil 423 reuniones de trabajo, en las cuales recuperaron “las voces de los actores educativos involucrados en la implementación de los planes y programas de estudio vigentes (2011 y 2017), con el propósito de identificar sus fortalezas y áreas de oportunidad” (https://bit.ly/3tZSJnJ); sin embargo, estas reuniones no son públicas ni las personas que participaron en estos ejercicios o los archivos que ahí se discutieron.
Adicionalmente, el desarrollo de estos encuentros bajo la figura de asamblea, ha sido excluyente de buena cantidad de miembros de la comunidad educativa que tienen una visión muy distinta de lo que se presenta; y estas reacciones se han visto documentadas en medios de comunicación, redes sociales y foros alternos.
Al mismo tiempo, la comunicación de quienes están al frente de estos ejercicios ha minimizado a los docentes a simples espectadores y creen que una visualización en redes sociales de los videos de las reuniones son un signo de transparencia, apertura y participación activa (https://bit.ly/36ikRuq).
En cuanto a la relación con la prensa también hay muchos pendientes. No han existido invitaciones abiertas a medios de comunicación para realizar sus coberturas y así ver más allá de lo que los videos o los boletines de prensa nos muestran. En estos encuentros, las entrevistas improvisadas, las reacciones del público y aquello que está detrás de cámara tienen un peso tan importante como lo que se muestra por los canales oficiales. Para ello, el ejercicio periodístico resulta fundamental.
Encima, como señala Luz Moreno (2022), este documento está hecho con un lenguaje sumamente académico, entendible para ciertos sectores familiarizados con las epistemologías del sur, pero difícilmente de socializar con quienes no están relacionados con estos temas. Aquí hay un problema de divulgación muy importante.
También los tiempos políticos cuentan. Estas asambleas son muy parecidas a los foros de discusión de los planes y programas de estudio emanados de la reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto: llegan al final del sexenio, son cercanos a los próximos procesos electorales y tienen muchas posturas ideológicas que regularmente se usan en campañas políticas.
Sobre el fondo del documento existen señalamientos que, si bien se toman con cautela porque se trata de una propuesta en construcción, sí da un panorama de lo que veremos en el modelo curricular: hay una evidente ausencia pedagógica y no hay una vinculación clara con la formación docente (Carro, 2022); no se ve un adelgazamiento curricular que, como dice la misma propuesta, dé prioridad a aquellos contenidos verdaderamente significativos (Alonso, 2022); existe una contradicción argumentativa bajo el señalamiento de que la educación y las dimensiones que pretenden incluir se enfocan en el desarrollo del individuo, pero posteriormente señalan que deben responsabilizarse de otras personas dejando de lado su autorrealización (Chao, 2022); ponen a la escuela como un nodo indispensable de la vinculación comunitaria; sin embargo, parece dotar de un exceso de responsabilidades a la institución y sus integrantes, quienes, por factores exógenos, comprometen su labor y los cometidos asignados.
Ante ello hay poca claridad del cómo se va a llevar a la práctica todo lo planteado en el documento, qué tanto se reconocen los contextos y qué tanto influyen y condicionan de forma directa a las instituciones (Medina, 2022); no se ve un proyecto transexenal al que se pueda dar continuidad, por lo que preocupa también que poco se habla de los procesos de aprendizaje y cómo se van a valorar y a evaluar. Hay sólo críticas a la forma en que se evaluaba antes, pero no una propuesta clara de cómo podemos medir los niveles de aprendizaje. (Medrano, 2022).
El ejercicio del derecho a la educación requiere la intervención de toda la sociedad. Nadie merece ser excluido ni minimizado. Las autoridades deberían ser las primeras en entenderlo pues, si esto no sucede, estaríamos cayendo en el viejo gatopardismo educativo, donde pretenden que todo cambie para que todo siga igual.
