La Fiscalía General de Justicia (FGJ) afirmó que no se ha retractado de ninguna acusación contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y otros tres funcionarios, quienes presuntamente incurrieron en los delitos de abuso de autoridad, discriminación y robo cometidos contra dos mandos de la Policía Auxiliar el 11 de febrero. Aclaró que “no existe una persecución política”.
Desde que se recibió la denuncia de dos mandos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes señalaron haber sido agraviados con conductas al margen de la ley cometidas por dichos servidores públicos, se integró la carpeta de investigación.
Los datos de prueba proporcionados fueron integrados a la indagatoria y presentados ante la autoridad judicial, quien ordenó la aplicación de cuatro medidas cautelares, entre ellas la separación temporal de sus cargos, no salir del país y no acercarse a las víctimas.
La fiscalía ha cumplido y respetado todos los procesos y derechos de cada una de las partes e hizo de su conocimiento la carpeta de investigación el pasado 24 de febrero, particularmente a las defensas y asesorías, porque la institución “no fabrica culpables, pero tampoco realiza exoneraciones a modo”.
Destacó que “la relevancia política o social de las personas sujetas a una investigación penal no determina su inocencia o culpabilidad en los hechos que se les imputa, sino las pruebas, que es la evidencia que soporta la acusación”.
Las personas imputadas gozan además de las garantías de defensa y tienen el derecho a un juicio justo por el Poder Judicial, que es el que determina las medidas cautelares, fundado y motivado en datos de prueba que la fiscalía presentó.
La Fiscalía General de Justicia capitalina afirmó que “no lleva a cabo ninguna persecución política, simplemente cumple con la ley y las víctimas tienen en esta institución la garantía de protección y acompañamiento”.
El 12 de febrero se informó que se había iniciado una investigación tras la denuncia presentada por los elementos de la SSC en contra de la alcaldesa por “los delitos de privación de la libertad, abuso de autoridad y lo que resulte”, pero lo que se pudo configurar como delito, con elementos de prueba, fueron robo, abuso de autoridad y discriminación, precisaron fuentes de la FGJ.
