La falta de reglas concretas en el decreto presidencial para regularizar los autos chocolates y la inclusión de agentes aduanales en el trámite han generado cobros indebidos hasta por 15 mil pesos, cuando se consideraba que el procedimiento sólo costaría 2 mil 500.

El desaguisado se inició luego de que en octubre pasado se dio a conocer la decisión gubernamental de legalizar esos vehículos sin emitir las reglas de operación, lo que dio pie a que gobiernos municipales y estatales quisieran colocarse como intermediarios y fijar sus propias reglas y puntos de regularización.

No fue sino hasta el 19 de enero pasado cuando se publicó el decreto presidencial con las normas para el procedimiento.

Destaca que la importación definitiva del automotor debería hacerse ante agentes aduanales, quienes no forman parte de la estructura gubernamental, sino que son particulares que dan asesoría en comercio exterior.

De acuerdo con testimonios de diputados federales de la frontera, ésos cobraron por, supuestamente, verificar en Estados Unidos que las unidades no estuvieran accidentadas o fueran robadas y tuvieran el engomado ecológico del estado de origen. Lo cierto es que, como son particulares, no tienen acceso a los registros nacionales de ese país y emitieron documentos falsos con respaldo de autoridades municipales y estatales.

Como requisito para la regularización, el decreto del 19 de enero establece poseer la factura de origen, pero como se trata de vehículos que se han vendido de un particular a otro, en algunos casos no se cuenta con el documento. Así, los agentes aduanales empezaron a emitir supuestas facturas en 500 dólares.

Con el fin de evitar estos abusos, legisladores de Morena y del Partido del Trabajo informaron que se reunieron con autoridades federales para pedir cambios al decreto, lo que se logró el 27 de febrero, cuando se publicó la reforma en el Diario Oficial de la Federación.

Cambios al decreto

Se determina que la importación definitiva puede hacerse sin la intervención del agente aduanal y que el propietario manifieste bajo protesta de decir verdad que el automotor no tenga reporte de robo y posea las condiciones físicomecánicas o de protección al medio ambiente.

Además, ya no se requerirá certificado de origen y el Registro Público Vehicular abrirá los puntos para la regularización, por lo que el pago del trámite por 2 mil 500 pesos irá a la Secretaría de Hacienda y no a los gobiernos.

La dependencia deberá distribuir el dinero entre los municipios fronterizos y en los que hay presencia de ese tipo de unidades.

En tanto, la diputada del Partido del Trabajo Lilia Aguilar informó, a su vez, que presentará una iniciativa para que se investigue a quienes abusaron en este aspecto.