Ciudad de México. El representante en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Guillermo Fernández Maldonado, destacó los avances en la construcción normativa e institucional para enfrentar el grave problema de la desaparición forzada en el país. Sin embargo, ha sido insuficiente si no hay esfuerzos sostenidos para su erradicación porque el fenómeno ha sido creciente y se acerca a los cien mil personas desaparecidas.

Durante el conversatorio sobre los 10 años del Primer Informe de la ONU-DH sobre Desaparición Forzada, Fernández Maldonado recordó que desde entonces, se advirtió del efecto negativo que había tenido la presencia militar en operaciones de seguridad pública por lo que se recomendó retirarlos. Por el contrario, la participación de las fuerzas armadas en seguridad pública se ha profundizado y ampliado hacia otras tareas propias de las autoridades civiles.

En su oportunidad, el integrante del Grupo de Trabajo de la ONU de Desapariciones Forzadas, Luciano Mazan, también resaltó los pasos que ha dado México para adecuar el marco legal e institucional para enfrentar la desaparición forzada pero alertó sobre el peligro que esto implica de caer en el denominado “fetichismo normativisita” según el cual se asume que por sí solo estos cambios resuelven el problema.

Sin embargo, dada la magnitud de la problemática esto debe superarse porque México “se acerca a la escalofriante cifra de 100 mil desaparecidos”, con el agravante que lo que distingue la coyuntura mexicana en esta materia con otros países es precisamente que permanece el fenómeno de la desaparición sostenida, por lo que hacen falta esfuerzos descomunales para enfrentar la emergencia particularmente buscando abatir el alto nivel de impunidad en los casos.

Durante el conversatorio, Blanca Martínez del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios sostuvo que la magnitud del problema reflejado en las cifras oficiales es indignante, reflejando que la lucha de las víctimas se prolongue por varios años.

Sin embargo, alertó que a pesar del avance, aún persiste una manipulación de cifras oficiales como uno de los graves problemas, que ha colocado la desaparición forzada como uno de los grandes reclamos de los familiares de la víctimas y, aunque se han instrumentado acciones, este gobierno también tiene responsabilidad porque la desaparición forzada es un delito continuado.

A su vez, Adela Alvarado, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos dijo que la desaparición forzada lacera a las familiares que llevan años demandando justicia, “son muchos años de sufrimiento de las familias y no sabemos cuándo se va a detener”.