Como se ha dicho aquí con oportunidad, y los hechos han confirmado, el ejercicio de revocación de mandato presidencial, programado para abril próximo, es en realidad un duelo de fuerzas políticas a cuyo final es probable que la cúpula hasta ahora dominante del Instituto Nacional Electoral (INE) quede más desgastada y se fortalezca el escenario de cambios necesarios que acompañen una anunciada reforma electoral.
La fuerza de la presidencia del Consejo General del INE, a cargo del académico Lorenzo Córdova Vianello, ha ido en constante demérito en la batalla del revocatorio. Perdió el episodio judicial de la búsqueda de mayores recursos económicos para realizar a plenitud tal ejercicio y, aun cuando la resolución de la Corte exime de responsabilidad al INE por no cumplir a plenitud con las necesidades organizativas del caso (precisamente por falta de dinero), esa insuficiencia está siendo explotada políticamente para culpar a ese instituto, de manera forzada pero eficaz, de “no cumplir” con los lineamientos constitucionales aplicables al ya mencionado revocatorio.
Otro punto de decaimiento de la autoridad electoral es el relacionado con la promoción del acto a realizarse el próximo 10 de abril. El Presidente de la República ha saltado con ligereza, una y otra vez, las prohibiciones del INE en cuanto a difusión de ese ejercicio, acompañado en esos malabares retóricos por la élite de la clase política morenista, encabezada por la aparente precandidata puntera (APP) Claudia Sheinbaum.
Sólo con autoridad política vigorosa se podría enfrentar con sentido punitivo las supuestas o reales infracciones en cuanto a discursos presidenciales y por la serie de anuncios espectaculares de propaganda que se han colocado en todo el país y en su ciudad capital para alentar a que se vote por la continuidad de Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.
Pero no tiene Córdova Vianello esa fuerza y su capacidad de movimiento político está cada vez más acotada, de tal manera que hasta ahora sólo ha podido emitir recomendaciones, lanzar advertencias y ver pasar el torbellino morenista a cuyo máximo jefe difícilmente podría enfilar hacia alguna forma de castigo penal o administrativo por promover el ejercicio revocatorio.
A fin de cuentas, el ejercicio y su resultado son absolutamente previsibles: AMLO y el morenismo se harán de un argumento triunfal que la oposición no podrá refutar (no quisieron o no tuvieron capacidad para quitar a AMLO del poder mediante un recurso constitucional); el estreno de este mecanismo abre la puerta a acciones similares en cuanto a presidentes de la República (el sexenio próximo) y, más adelante, a gobernadores; Córdova y su grupo aún dominante en el INE aumentarán su descrédito si el experimento sale bien (“a pesar de las trabas puestas”, dirán los morenistas) y peor si resulta fallido; y la mesa política quedará puesta para el siguiente paso que será la presentación de una propuesta de reforma electoral que implicaría la remoción del actual cuadro directivo del INE.
En otro tema: todo está listo para que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aborde hoy y resuelva el espinoso caso de Laura Morán y Alejandra Cuevas, encarcelada ésta durante más de 500 días como parte de un expediente abierto por Alejandro Gertz Manero para acusarlas de homicidio culposo por omisión de cuidados en relación con Federico, quien fue hermano del actual fiscal general de la República.
El caso ha sido denunciado por presuntos vicios procesales a causa del interés personal de Gertz Manero, manifestado también a través de la FGR, al grado de haberse difundido recientemente una grabación en la que habla con su principal subordinado, el fiscal Juan Ramos, e involucra presuntos criterios facciosos de algunos ministros que hoy deberán resolver si la detenida Cuevas sale en libertad, definitiva o condicionada, o sigue en prisión. ¡Hasta mañana!
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