La imposición del modelo de turismo a gran escala que vendrá de la mano del Tren Maya podría exacerbar diversas expresiones de violencia en la región donde se asentará dicho proyecto, entre ellas la especulación inmobiliaria, el aumento de fenómenos delictivos, la sobrepoblación y el reordenamiento territorial de los pueblos indígenas de forma contraria a sus tradiciones y costumbres.
Así lo advirtió la antropóloga italiana Giovanna Gasparello, quien señaló que aunque los viajes de placer en estados como Quintana Roo generan recursos millonarios, también traen consigo “una marca de sangre y muerte”, y están basados en el despojo de tierras ejidales y otras formas de propiedad social.
“El negocio más jugoso no será el formal”
En entrevista con La Jornada, la etnógrafa y experta en derechos indígenas señaló que “el eje articulador de este ambicioso proyecto es la industria turística, que no implica sólo servicios de diversión, sino también la industria de la construcción” y diversas formas de economía ilegal, como el tráfico de drogas y de personas, que es donde está el “negocio más jugoso”.
Uno de los principales efectos sociales en las regiones que se dedican al turismo de gran escala, señaló la coautora del libro Pueblos y territorios frente al Tren Maya, es el aumento del índice de homicidios dolosos.
“Quintana Roo es, con creces y desde hace mucho tiempo, el estado más violento de todo el sureste, con una tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes que es 10 puntos superior a la media nacional.
Dentro del estado, hay una diferencia abismal entre los municipios hiperturísticos, como Cancún y Playa del Carmen, respecto de municipios que no tienen vocación de ser destino masivo de paseantes”, planteó.
Por otro lado, es también la entidad con más elevado consumo de sustancias ilegales –en particular de cocaína–, de acuerdo con datos oficiales, lo que a su vez genera una mayor presencia de militares con el argumento del combate a la inseguridad, como lo demuestra el Batallón de Seguridad Turística de la Guardia Nacional, surgido a finales de 2021.
A lo anterior se suma el crecimiento exponencial de nuevos habitantes en las regiones turísticas, como lo demuestra el “caso espeluznante” de Bacalar, municipio que en este momento tiene 41 mil habitantes, pero que podría llegar a 85 mil en 2030, lo que significa un aumento de 105 por ciento, con las posibles consecuencias ambientales y demográficas que ello tiene para la más importante de las lagunas del sur quintanarroense y de gran valor turístico.
De la mano de este último punto, señaló Gasparello, yace el tema de los llamados polos de desarrollo, que se construirían en torno de las 18 estaciones del Tren Maya, y que en su momento fueron definidos por el entonces titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez Pons, como “modelos de civilización”, pero de los cuales no existe un proyecto maestro que los defina y explique sus características de “modelo”.
Para la antropóloga, los polos de desarrollo implican en realidad la urbanización de los territorios indígenas y campesinos, y la posterior concentración de la población rural en dichas zonas urbanizadas, cuyos habitantes dependerán en gran medida de las actividades turísticas y vivirán en condiciones ajenas a su cultura y espacios tradicionales.
Un costo incalculable para los asentamientos indígenas
Los grandes proyectos turísticos, subrayó la investigadora, históricamente han sido posibles gracias a “mafias agrarias” conformadas por intermediarios que le prometen a los dueños de las tierras un pago justo por sus propiedades, pero finalmente terminan estafándolos, como lo demuestra el ejemplo del despacho jurídico Barrientos y Asociados, para el caso del Tren Maya.
