Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia informó que no se ha retractado de ninguna acusación contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas y otros tres servidores públicos, quienes presuntamente incurrieron en los delitos de abuso de autoridad, discriminación y robo cometidos contra dos mandos de la Policía Auxiliar, el pasado 11 de febrero.

En un mensaje a medios, el vocero y coordinador de asesores de la dependencia, Ulises Lara López, afirmó que “no existe una persecución política, simplemente cumple con la ley, ni fabrica culpables, pero tampoco realiza exoneraciones a modo”.

Aclaró que, “la relevancia política o social de las personas sujetas a una investigación penal no determina su inocencia o culpabilidad en los hechos que se les imputa, sino las pruebas, que es la evidencia que soporta la acusación”.

La dependencia por ello formuló imputación en contra de los cuatro servidores públicos, en seguimiento a una denuncia presentada por los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes señalaron haber sido agraviados por dichas personas.

El Ministerio Público integró una carpeta de investigación, con diversos datos de prueba, a fin de presentarlos ante la autoridad judicial, y una vez presentada la acusación y la defensa solicitó la ampliación del término constitucional, la autoridad judicial ordenó la aplicación de las siguientes medidas cautelares:

La suspensión temporal del cargo tanto para la alcaldesa, como para otros tres servidores públicos imputados; la prohibición para salir del país sin autorización y de acercarse, comunicarse o concurrir a donde pudieran presentarse las víctimas.

Así como la obligación para presentarse a firmar ante la Unidad de Medidas Cautelares, precisó al destacar que la FGJ ha cumplido con todos los procedimientos legales, lo cual quedó de manifiesto al solicitar audiencia inicial sin detenido y sin órdenes de aprehensión.

Ello, argumentó, para no violentar ninguna de las garantías de las personas investigadas y toca al Ministerio Público generar la imputación de los delitos con base en pruebas e indicios, siendo en este caso, los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación.

Así que, “no se ha retractado de ninguna acusación” y se ha cumplido y respetado todos los procesos y derechos de cada una de las partes, como diferir dos veces la audiencia, a petición de la titular de la demarcación, por motivos de salud y por el cambio de defensa.

El pasado jueves, la Fiscalía hizo de conocimiento, la carpeta de investigación a todas las partes, particularmente a las defensas y asesorías jurídicas, pero es el Poder Judicial quien determina las medidas cautelares en datos de pruebas que la Fiscalía presentó, puntualizó.